El extractivismo verde como lado B de la visita presidencial de Boric a Canadá: ¿Qué ocurre con la gran minería contaminante?

La industria minera canadiense tiene un largo prontuario en Chile. Se ha enfrentado a importantes pugnas ambientales con las comunidades más afectadas de las distintas zonas donde se han ubicado, llegándose a clausurar proyectos por el impacto medioambiental que producen. El último viaje del Presidente Boric a Canadá pone en la palestra la importancia de generar lineamientos claros en materia ambiental para una de las industrias más contaminantes y depredadoras del mundo: la gran Minería.

(Francisca Valencia – El Ciudadano) Chile - En el contexto de la segunda gira internacional que desarrolló el Presidente Gabriel Boric, esta vez a Canadá, fue consultado por el comportamiento de las empresas mineras canadienses en Chile.

Ante esto, el Mandatario declaró haber sido claro con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. “Le dije al señor Trudeau, recién, que queremos pedir a las compañías canadienses que se comporten en Chile como si estuvieran en Canadá. Porque no hay razón para justificar que en algunos países te comportes de una manera que no lo harías en tu propio país”, señaló.

La ONG Mining Watch Canadá -que se dedica desde 1999 a escrutar el comportamiento de la industria minera canadiense en el país norteamericano y en el exterior- no tardó en reaccionar ante los dichos del Presidente chileno, acusando a las mineras de violar la autodeterminación indígena, cometer crímenes ambientales y evadir impuestos.

La lista de proyectos mineros canadienses acusados de contaminar en Chile es larga. Barrick Gold en Pascua Lama, Kinross-Maricunga en Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa (sitios Ramsar), Teck en Carmen de Andacollo, Teck en Quebrada Blanca, Andes Copper-Vizcachitas en Putaendo, Aclara Resources en Penco y Trimetals Mining en el glaciar Argüelles del Cajón del Maipo, solo por nombrar algunos.

Sustentabilidad en la medida de lo posible

La industria minera canadiense tiene larga data en el territorio nacional. Y se ha enfrentado a importantes pugnas ambientales con las comunidades más afectadas de las distintas zonas, llegándose a clausurar proyectos por el impacto medioambiental que producen.

Pascua Lama en la Región de Atacama es un ejemplo de lo anterior. En 2018 el Tribunal Ambiental confirmó la clausura y cierre definitivo de la mina Pascua Lama de la Compañía Minera Nevada SpA, una filial de la minera canadiense Barrick Gold Corporation, principalmente debido al incumplimiento de los compromisos relacionados al plan de monitoreo de glaciares, los cuales se vieron contaminados mientras la minera estuvo activa.

Según lo consignado por Diario Chile, la representante de Mining Watch Canadá para América Latina, Kirsten Francescone, manifestó que actualmente las empresas mineras de su país se amparan en la política pública voluntaria llamada “Hacia una minería sustentable. Sin embargo, esta no implica ninguna regulación legislativa y solo estipula una serie de metas de sostenibilidad de muy bajo estándar para la operación minera.

Este modelo ha sido promovido por el gobierno de Canadá y lo han adoptado diferentes cámaras de comercio en América Latina: un «lavado verde» sobre las operaciones mineras canadienses.

Fransecone dio como ejemplo al medio anteriormente citado el caso de la Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., que en Tarapacá ha generado problemas de salud a la población debido a las partículas contaminantes que emanan de las operaciones a rajo abierto de la mina.

“Esta empresa es una de las supuestas gloriosas empresas responsables en Canadá, que por cierto tiene antecedentes horribles en el país. Sus minas de carbón ya contaminaron con selenio, un químico súper tóxico, a las cuencas cabeceras del Valle del Alce”, declaró Francescone.

Desde Mining Watch impulsan el consentimiento democrático de las comunidades que pueden verse afectadas por un proyecto minero. En este contexto, la ONG recomienda establecer políticas regulatorias de alto estándar en función de proteger el medio ambiente.

«Chile no tiene que quedar al nivel de Canadá, porque ese nivel significa un retroceso»

La representante latinoamericana de Mining Watch Canadá fue enfática en señalar que el tema no es «igualar la cancha» con Canadá, que en la actualidad es carece completamente de una legislación real que garantice los derechos ambientales y sociales de las zonas afectadas. Sino que por el contrario hay que ir un paso más allá.

Chile no tiene que quedar al nivel de Canadá, porque ese nivel significa un retroceso. Chile tiene que ser líder con respecto a la protección social y a los derechos humanos para lograr tener un cierto equilibrio”, declaró Francescone.

Asimismo, señaló que no es realista creer que pronto la industria minera será sostenible, porque en rigor no es una industria que lo sea. “Se pueden mitigar los impactos, pero no puede ser una actividad sostenible, por eso hay que pensar en cómo mitigar todos los efectos adversos de esta industria”, agregó.

La trampa de los TLC

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) son una de las grandes estratagemas a través de las cuales empresas como las mineras ejercen su poder, en las distintas naciones, pudiendo reducir a nada los lineamientos ambientales que trate de fijar cualquier gobierno. Chile y Canadá mantienen un TLC que pronto cumplirá 25 años de vigencia

Francescone explicó a Diario U Chile, cómo los TLC, al estar ligados a las instituciones financieras internacionales como por ejemplo el Banco Mundial, congelan las capacidades gubernamentales de impulsar políticas radicales con respecto a la protección del medioambiente debido a que en el marco de aquellos acuerdos, en ocasiones las empresas tienen la potestad para exigir indemnizaciones de los Estados soberanos si no se llevan a cabo sus proyectos.

Es por todo esto que desde Mining Watch Canadá tienen una postura crítica frente a los TLC, debido a su estrecha relación con la protección de los intereses mineros. “El problema con esos tratados ‘modernizados’, es que tienen cláusulas para permitir los arbitrajes internacionales, los que me imagino se ha usado desde el sector minero para advertir a los sectores industriales con respecto al proceso constituyente”, expresó Francescone.

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