Denuncian al Estado ecuatoriano por delitos de lesa humanidad

La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos que se encuentra en Ecuador para documentar la represión de las autoridades durante las manifestaciones del paro nacional iniciado el 13 de junio pasado, presentó este martes su informe preliminar y concluyó que el Estado ecuatoriano cometió delitos de lesa humanidad.

(Telesur) Ecuador - La Misión recopiló denuncias, testimonios y material probatorio de la represión en diversas regiones y localidades, y constató que tuvo un carácter sistémico, generalizado y dirigido contra la población civil.

Determinó que se vulneraron derechos fundamentales tras contar con elementos probatorios de hechos de desaparición forzada de persona; delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad, contra la libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta, y contra la propiedad

A partir de ello, instó al Gobierno de Guillermo Lasso a “cesar de inmediato en la comisión de los crímenes de lesa humanidad y acabar con prácticas impropias de un Estado de derecho”.

Durante la conferencia de prensa en que se presentaron los resultados preliminares de la labor de la Misión, un integrante, María José Cano, manifestó que las autoridades han de investigar y juzgar a los responsables.

Otra integrante, Mariela Navarro, señaló que hasta el domingo las protestas habían dejado un saldo de cinco fallecidos (este lunes se informó de una sexta víctima), 200 heridos y 145 detenciones.

Navarro denunció que efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dispararon directamente y a corta distancia al rostro de manifestantes y emplearon contra ellos municiones antitumulto, gases lacrimógenos, balas, perdigones y proyectiles de plomo y otro tipo de armamento sofisticado y letal.

Señaló que la represión se agudizó durante el estado de excepción decretado por Lasso en seis provincias y se constató por igual en la capital, Quito, y en zonas rurales, aunque en estas últimas la indefensión de los movilizados resultó mayor, dijo.

Apreció que el accionar policial se distinguió porque hay menoscabo a la condición indígena.

Refirió que hubo numerosas detenciones arbitrarias, sobre las cuales recibieron denuncias de tormentos, tratos crueles y degradantes, así como violaciones al derecho a la defensa.

La Misión llamó al Estado ecuatoriano a cesar de inmediato la criminalización de la protesta social y las detenciones arbitrarias, así como a reparar a las víctimas de los delitos cometidos.

Además, recomendó que sea investigado en las instancias internacionales pertinentes porque sus fuerzas de seguridad habrían “asesinado, torturado, lesionado la integridad física, perseguido, amenazado, intimidado y criminalizado a importantes sectores de la población civil”.

Añadió que para ello empleó “armamento sofisticado y letal, ejecutando conductas brutales e inhumanas”.

A los elementos anteriores se unió otro citado por representantes de la organización que convocó al paro, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quienes denunciaron que las fuerzas de seguridad infiltraron a agentes para provocar los hechos de violencia y justificar la represión.

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