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Un juicio con pruebas contundentes

Tras una lucha incansable de treinta y tres años, sostenida inclaudicablemente por la familia, organismos de derechos humanos y diversas organizaciones populares, comenzaron las audiencias por el crimen del negrito Avellaneda - Por Olivier Reboursin-Red Eco
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Un juicio con pruebas contundentes


Tras una lucha incansable de treinta y tres años, sostenida inclaudicablemente por la familia, organismos de derechos humanos y diversas organizaciones populares, comenzaron las audiencias por el crimen del negrito Avellaneda

Por Olivier Reboursin-Red Eco

Argentina- 30 de abril de 2009


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El pasado lunes por la mañana, comenzó en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nro. 1 de San Martín el juicio por el secuestro de Iris Pereyra de Avellaneda y su hijo Floreal Edgardo Avellaneda y el asesinato de este último.
El juicio es el primero de la megacausa de Campo de Mayo y convocó a importantes personalidades de la política nacional y el movimiento social.
En la noche del día anterior se había celebrado una vigilia convocada por la Federación Juvenil Comunista y las juventudes del Partido por la Democracia y la Equidad, Libres del Sur y la CTA en la que encendidos discursos convirtieron la reunión en un acto de homenaje a los luchadores por los derechos humanos, los abogados comprometidos (como Julio Viaggio quien iniciara la causa que hoy llega a juicio hace treinta y tres años) y el compromiso de reivindicación de todos los ideales del “Negrito” Avellaneda y los treinta mil desaparecidos.
Bien lejos de los caprichos del polémico y duramente cuestionado Tribunal Oral Federal Nro. 5 de la Ciudad de Buenos Aires - que tantas críticas ha levantado por su negativa a garantizar la libre y verdaderamente pública difusión de las audiencias y contenidos del juicio - la decisión del tribunal de San Martín, fue la de permitir la televisación de las audiencias iniciales, autorizando la instalación de cámaras de la televisión pública.
La actitud algo discriminatoria hacia ciertos medios pequeños y alternativos que debieron reclamar airadamente para que se autorice su ingreso que se censuraba aduciéndose cuestiones administrativas, deja a las claras sin embargo que el Poder Judicial aún no dimensiona –o no quiere dimensionar-, que los juicios por crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado no pueden ser tratados como un hecho penal más.
En la apertura del juicio, a la derecha del público reunido en la Sala de Audiencias de los Tribunales de San Martín, se situaron los represores acusados del crimen: el ex representante de la Argentina ante la Junta Interamericana de Defensa de Washington, Santiago Omar Riveros; Fernando Exequiel Verplaetsen ex Jefe de Inteligencia del Depto. II dependiente del Comando de Institutos Militares, el ex Jefe de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo Osvaldo García y sus entonces subordinados César Amadeo Fragni y Raúl Harsich y el policía de la bonaerense Ángel Aneto que comandó el brutal operativo que culminara con el secuestro de Iris y Floreal Avellaneda el 15 de abril de 1976.
Todos ellos fueron acompañados por sus defensores: Oficiales para los militares y particulares los del policía. A la izquierda y enfrentados a los acusados ocuparon su lugar los representantes de la Fiscalía y las diversas querellas, representando a la familia Avellaneda Jorge Brioso y Sabrina Dentone, Carlos Zamorano por el Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista, Liliana Mazea y Luis Bonomi por el Colectivo Justicia Ya! y Ciro Anichiarico por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

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En la primera jornada, se dio lectura a la requisitoria fiscal y los pedidos de elevación a juicio realizados por la Fiscalía y las querellas. Desde el primer renglón leído por las secretarias del Tribunal, quedó en claro que se trata de una de las causas más probadas de las que han llegado a juicio, que demuestran cabalmente el accionar impune de los grupos de tareas de la dictadura genocida y de la brutalidad de sus crímenes.



Así, la propia requisitoria dio por probada, con extensas citas de lo resuelto en la Causa 13/84 –más conocida como “el juicio a las Juntas”- en relación al ataque producido en horas de la madrugada del 15 de abril de 1976 a la casa de la calle Sargento Cabral de la localidad bonaerense de Munro en donde habitaba la familia Avellaneda.
Las constancias del expediente relatadas por la funcionaria dieron cuenta de la destrucción de la puerta a balazos, la irrupción de una patota comandada por personajes que actuaban al amparo de disfraces y pelucas, la búsqueda infructuosa del dirigente sindical y militante comunista Floreal Avellaneda por parte de los invasores y el secuestro final de su esposa y de su hijo de tan solo catorce años de edad como evidente represalia por no haber hallado a la persona que buscaban.
Del mismo modo, en la lectura se mencionó la existencia documentada de un acta firmada por algunos de los acusados y otros jerarcas militares como el fallecido Clodoveo Arévalo que da cuenta del arresto ilegal de Iris Avellaneda esa noche.
Entre otras de las circunstancias acusatorias probadas, la requisitoria leída hizo mención al hecho de que en la causa 13/84, quedaron certificadas las torturas de las que Iris Avellaneda fue víctima tanto en la Comisaría de Villa Martelli como en el Centro Clandestino de Detención “El Campito” que funcionara en Campo de Mayo.
Así, el juicio en su inicio se reveló como uno de los más documentados en cuanto a la saña, la premeditación y el carácter de maquinaria de terror contenido en el accionar de militares, policías y demás fuerzas de seguridad como órgano ejecutor del genocidio.


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La lectura de las declaraciones de los genocidas hoy en el banquillo de los acusados, cargadas de desprecio por la vida, soberbia e impunidad –entre otras cosas se leyó que el represor Riveros había expresado en su oportunidad que “los juicios los hacen los subversivos que perdieron la guerra”- generaron estupor e indignación en la gran mayoría de los presentes, tanto los querellantes de la familia Avellaneda, representantes de organismos de derechos humanos, periodistas y dirigentes y militantes políticos.

 


No produjeron el mismo efecto en un pequeño sector que ocupaban familiares y amigos de los acusados entre los que se contaban el militar acusado de participar de la represión ilegal y abogado de genocidas Eduardo Sinforiano San Emeterio a quien se vio dialogando con los representantes de la defensa de la que participó hasta hace poco.
Otra de las sensaciones de descontento generalizadas se dio cuando uno de los defensores oficiales que asisten a los militares planteó al Tribunal que los acusados sufrían por tener que ser trasladados de la Unidad Penitenciaria Federal Nro. 2 hacia San Martín y previo paso por Campo de Mayo en un periplo que dijo el abogado, “comenzó a las dos de la mañana”. Las risotadas irónicas del público remitieron a la ausencia de garantías de ningún tipo para el traslado de detenidos y desaparecidos en tiempos de la dictadura. Lo mismo ocurrió cuando el mismo profesional hizo mención al carácter de insulinodependiente de Harsich y los ochenta y seis años de edad de Riveros.
La segunda audiencia, llevada a cabo el miércoles por la mañana comenzó con la lectura de oposición de elevación a juicio oral por parte de la defensa en relación a Verplaetsen, que fue rechazada por el Tribunal.
Invitados a prestar declaración indagatoria, todos los imputados salvo Aneto se negaron a hacerlo. Más tarde Riveros y Verplaetsen salieron de la sala donde se llevaba a cabo la audiencia. Autoridades del Tribunal hicieron saber a los presentes que seguirían el trámite desde otro lugar.
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Antes de que comenzara a declarar Aneto, su defensa pidió que se retiraran la víctima Iris Avellaneda y su esposo Floreal Avellaneda, aduciendo que se trataba de testigos que deben declarar en la audiencia y que su presencia “generaba violencia” para con el acusado.

Tanto la querella que representa a la familia Avellaneda como la representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, objetaron ese pedido aduciendo el derecho de Iris Avellaneda como querellante y víctima a conocer la verdad en relación a su secuestro y el de su hijo de boca de uno de los principales imputados. Luego de un pequeño cuarto intermedio el tribunal hizo lugar al pedido y los Avellaneda abandonaron la sala convocando a la prensa para denunciar el hecho.
El pedido alcanzó también a las cámaras de la televisión pública, que debieron ser retiradas, lo que significó la imposibilidad de difundir las declaraciones completas del ex policía procesado.
A lo largo de más de dos horas netas de declaraciones, Aneto incurrió en numerosas y flagrantes contradicciones, entre ellas, el hecho de plantear que a partir del 24 de marzo de 1976 los militares habían tomado el control operativo de la Comisaría de Martelli, para luego señalar que no solía ver a personal del Ejército en la misma.
Aneto afirmó además que en la seccional había un solo teléfono, pero luego reconoció que habían más, por ejemplo el que se encontraba en el despacho del comisario –hecho fundamental ya que Iris Avellaneda siempre declaró que mientras era torturada en la noche del operativo en que fue secuestrada, escuchó alguien que decía a su lado “comisaría de Villa Martelli, buenas noches”.
El imputado debió reconocer algunas fotos de la comisaría y en ese marco la defensa pidió se libre oficio a la Dirección Patrimonial de la Policía Bonaerense para que informe sobre el mobiliario existente en la misma “desde 1973 a la fecha”. Esto fue rechazado por el Tribunal luego de la oposición tanto de la querella como de la Fiscalía que consideraron la prueba extemporánea. Entre las argumentaciones de rechazo, la abogada querellante Liliana Mazea señaló la imposibilidad de que se encuentren inventariados “los elementos de tortura”.
Tras un cuarto intermedio, la presidenta del Tribunal rechazó el pedido de oficio e hizo lugar al pedido de la Fiscalía para que se confrontara al acusado con sus declaraciones indagatorias anteriores en virtud de las contradicciones entre ambas. Así, se leyó la declaración anterior en la que Aneto había hecho constar que desde la fecha del golpe “entraban y salían militares de la comisaría” y “había áreas restringidas en la misma”, cosa que había negado en esta nueva audiencia. El acusado no pudo explicar sus contradicciones.
El miércoles 6 de mayo se realizará la próxima audiencia que dará fin al proceso de indagatorias a los acusados. Se presume que se leerán las declaraciones anteriores de los represores (las que realizaron en el año 1984) ya que en esta oportunidad se han negado a declarar.
A partir del 11 mayo empiezan las declaraciones testimoniales. Ese día dará su testimonio Iris Pereyra de Avellaneda.
Más de 80 testigos se presentarán durante este juicio cuya sentencia se estima será dictada hacia fines de junio o principios de julio de este año.

 


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