Dos miradas sobre el primer mes de gobierno de Macri

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La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) balancean en estas notas el primer mes de gobierno Cambiemos signado por medidas en beneficios del capital, represión para los trabajadores que resisten despidos e intentos de limitar las libertades democráticas por decreto.

Un mes de macrismo y las balas que se vienen.
Al momento de redactar esta nota, se cumple un mes de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación y de la alianza Cambiemos al frente de la administración del Estado.
La primera batería de medidas promovidas por el gobierno –mayormente  mediante la ejecución de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)-, con una devaluación del 40% producto del levantamiento del cepo al dólar, la baja de retenciones para la exportación, el aumento de tarifas en servicios públicos a partir del retiro de subsidios estatales, la preparación de un nuevo endeudamiento externo, vino de la mano con la declaración de emergencia en materia de seguridad a nivel nacional, la confirmación de la facultad policial para detener personas arbitrariamente mediante el  fallo del Tribunal Superior de la ciudad, el traspaso de la Policía Federal y el anuncio de dictado de un protocolo para reprimir la protesta social.
Así, dieron sus primeros pasos sobre las espaldas del pueblo, con un saldo de más de 15.600 trabajadores y trabajadoras despedidos de las distintas dependencias estatales, provinciales y municipales. En promedio, hubo 520 despidos diarios, mientras la administración del ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, con Alfonso Prat Gay a la cabeza, entregaba 320 millones de pesos a las cúpulas de la burocracia sindical para el manejo de obras sociales, buscando sellar la alianza que les permita la contención del conflicto social.
Al mismo tiempo, los ejemplos más concretos llegaron solos, con los pies sobre la tierra: la represión a los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja en la autopista Ricchieri, a los empleados del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) en la casa de Gobierno de la provincia de Neuquén, y finalmente la balacera descargada sobre los despedidos y despedidas de la Municipalidad de La Plata el viernes 8 de enero, con decenas de heridos y detenidos en cada caso, demuestran la decisión política del macrismo de abrirse camino  a balazo limpio.
El 23 de diciembre, el director de la sección “política” del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, resumía mejor que nadie uno de los lineamientos más urgentes en la agenda que se le sugiere a Macri: “Otro desafío que tiene el Gobierno es el de administrar la represión sin provocar muertes.”
Si hay una ventaja que sabemos reconocer en los portavoces de la clase dirigente ilustrada, es su gran capacidad de síntesis y tino a la hora de objetivar sus preocupaciones inmediatas en relación a los objetivos estratégicos comunes que los convocan a defender un grupo político. En efecto, saben que, históricamente, uno de los elementos que generan mayor repudio y conflictividad social es el asesinato de militantes en un contexto de movilización y protesta. No es para ellos un problema la muerte, sino lo que puede provocar. Tampoco es para ellos un problema la represión, sino una necesidad cabal, como bien deja en claro Morales Solá, y tantos otros grupos políticos, medios hegemónicos y aparatos sindicales y territoriales que velan por los mismos intereses, y aportan su gramo de conciencia al consenso social necesario para legitimar esta práctica.
En esto de generar consenso,  hasta los “opositores” aportan lo suyo, como lo hizo el ex juez Raúl Eugenio Zaffaroni en Página 12: “No cortar calles ni rutas, dejar pasar los vehículos, ocupar una parte nada más. No dar pretexto a la criminalización. (…) Sin violencia. Sin dar excusas a la represión. Si alguno lo intenta, o es un infiltrado o es alguien a quien se debe contener de inmediato”.
El problema es nuestro, si no sabemos reconocer, como pueblo trabajador, que los lineamientos del modelo actual ya están puestos sobre la mesa desde hace rato, y que eso nos convoca a estar cada vez más atentos, más organizados, y con la mayor unidad posible.
Que no haga falta que nos repriman, y menos aún, que nos maten, para que nos demos cuenta de la necesidad y el compromiso histórico al que nos convoca esta nueva etapa para resistir de conjunto.
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)

Primer mes de gobierno de Mauricio Macri
El primer mes de gestión del gobierno de Mauricio Macri se podría sintetizar en la frase “todo para los ricos, palos para los pobres”.
Se modifican leyes impositivas para favorecer a la patronal agraria (eliminación de retenciones) y a la clase alta (disminución de impuestos a los coches de alta gama); a pesar de que la modificación de leyes impositivas es potestad el Poder Legislativo,  se utilizaron  Decretos de Necesidad y Urgencia  (DNU) para favorecer al sector de mayor acumulación de riquezas. Se continuó con el festival de bonos empezado por el dúo Kiciloff – Vanoli en el gobierno anterior, y se subieron las tasas de interés por encima de las ya exorbitantes de la última etapa kirchnerista para beneficio del sistema financiero.
Mientras los precios de los comestibles aumentaron hasta un 50% desde el 24 de noviembre sin que el gobierno tomara medida alguna,  cuando los sectores populares salieron a reclamar la respuesta fue la represión.
El 17 de diciembre mientras reclamaban frente a la Municipalidad de Esteban Echeverría, conducida por el kirchnerista Grey, los cooperativistas del Plan Argentina trabaja, son reprimidos por la policía bonaerense que depende de la gobernadora macrista Vidal, cooperativas del Plan Argentina Trabaja, que reclamaban un bono ante el aumento de precios.
Entre el 21 y 22 de diciembre son reprimidos tres veces los trabajadores de Cresta Roja que cortaban la autopista Richieri a la altura del Aeropuerto Internacional de Ezeiza ante la falta de pago de los salarios y el aguinaldo por parte de una patronal que no solo había vaciado la empresa, sino que se había “quedado” con los subsidios, que sin control les dio el anterior gobernador Scioli. El gobierno macrista aduce que un juez ordenó desalojar la autopista, lo que no es cierto, ya que el juez ordenó que luego de 10 días de cortes se garanticen carriles para el paso de los pasajeros, lo que los trabajadores estaban dispuestos a aceptar. A pesar de ello la decisión del gobierno nacional de Mauricio Macri fue reprimir con la Gendarmería utilizando tanquetas, hidrantes, tirando con balas de gomas a los trabajadores, con el único objetivo de amedrentar a todo aquel que salga a manifestarse por un derecho violado. Las declaraciones de la Ministra de Seguridad Nacional Bullrich afirmando que actuó por decisión propia y la defensa cerrada que hizo el gobierno de esta represión violatoria inclusive del marco jurídico existente, demostraron que al gobierno nacional no le importaba obedecer la orden de un juez sino reprimir a los trabajadores.
Para que no queden dudas del verdadero motivo de la represión a los trabajadores de Cresta Roja, el Gobierno de Mauricio Macri utilizó este primer conflicto de corte de una autopista nacional para plantear que hay que avanzar en un Protocolo que reglamente las manifestaciones, dicen que para garantizar el derecho a manifestarse, pero también el derecho a circular. Decimos lo mismo que dijimos ante el proyecto de Ley de Convivencia de los kirchneristas Kunkel y Pedrini, presentado en abril del 2014, que no hay peor perjuicio al sistema democrático que intentar limitar, bajo el sofisma de regular, el derecho a reclamar, a manifestarse frente a la autoridad y los poderes.
Con la misma intención política que el Poder Ejecutivo Nacional, limitar las libertades democráticas,  el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires anula dos sentencias de la justicia en lo Penal y Contravencional, habilitando a la Policía a pedir documentos “por portación de cara” y obligándonos a transitar siempre con documentos de identidad aunque no existe ley que lo exija. Esta medida del TSJ – CABA busca criminalizar a los jóvenes y en particular a los jóvenes pobres, buscando acrecentar una brecha social sobre “el diferente”. Como elemento contradictorio con el discurso de que hay que garantizar, ante las manifestaciones callejeras de algunos el derecho a circular de los demás, esta resolución busca limitar la circulación de los más vulnerables, y por ende de los potenciales manifestantes ante la falta de derechos, colocando a la Ciudad de Buenos Aires junto a las provincias que tienen las inconstitucionales leyes de merodeo.
Desde el Sur hasta el Norte continúan los asesinatos en comisarías. A pocos días de asumir las nuevas autoridades, el gobernador Das Neves en Chubut y Macri en la Nación, es asesinado en la comisaría de General Mosconi – Chubut Lucas Fuentes, después de haber denunciado las torturas que le infligían los policías.. Y el 25 de diciembre es asesinado en la comisaría 11 del Chaco  Cristián Eduardo González. Mientras el fiscal ni siquiera indaga a los policías acusados de asesinar a Ángel Verón a golpes.
Si bien el gobierno de Cristina Fernández no utilizó la Ley de Medios para democratizar la información, pues limitó la autorización de frecuencias a los medios comunitarios alternativos y populares,  Mauricio Macri en su primer mes de gestión, con un nuevo DNU dejó sin efecto la Ley de Medios desarticulando el AFSCA y el AFTIC, creando un nuevo ente violatorio de la Ley a medida de los monopolios de la comunicación, y por ende contrario a la democratización de las comunicaciones.
Antes de terminar este primer mes de gestión el macrismo vuelve a reprimir. A la protesta de trabajadores municipales de La Plata despedidos se les responde como a las cooperativas de Esteban Echeverría y a los trabajadores de Cresta Roja: policías, gendarmería, hidrantes, balas de goma.
Con el pretexto de la lucha contra la corrupción, el gobierno intenta demonizar a los trabajadores estatales y,  para imponer el achicamiento del Estado, propone el despido de miles. Se plantean 2000 despedidos en el Senado y 10000 en la Provincia de Buenos Aires entre gobierno provincial y municipales.
Desde el 10 de diciembre de 1983 a la fecha, sólo tres gobiernos reprimieron en su primer mes de gestión: el de Fernando de la Rua, el de Eduardo Duhalde  y hoy el de Mauricio Macri.
Volviendo al principio de este balance. El primer mes de gestión del gobierno de Mauricio Macri se sintetiza en: todos los beneficios para las patronales, represión e intentos de limitar las libertades democráticas para el  Pueblo.
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)  

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