MUERTO

Este sábado 2 de julio murió el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz en un centro clínico de la localidad bonaerense de Merlo, donde estaba internado tras ser trasladado desde la Unidad 34 de Ezeiza. El dato fue confirmado por el Tribunal Oral Federal número 5, que hace poco había intentado brindarle un último beneficio de domiciliaria. Pasó los últimos 16 años preso y con condenas múltiples, pero con esto se cierra una etapa más de impunidad por la segunda desaparición de Jorge Julio López. Además la mayoría de la tropa del jefe de La Bonaerense de Camps está libre o con domiciliaria. Por Espacio de Lucha Nilda Eloy.

El símbolo de la represión en la provincia de Buenos Aires, el que mandaba en toda la estructura de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la última dictadura genocida en el conurbano bonaerense murió preso. Había nacido en Azul en 1929 y escaló posiciones en el área de Investigaciones de la Policía Bonaerense hasta llegar a ser nombrado Director General. Desde allí se encumbró como amo y señor de la vida y la muerte de los más de 33 CCD del Circuito Camps, donde concurría a torturar y ejecutar, como lo contó Jorge Julio López en su testimonio del debate de 2006 en La Plata. Muchos familiares de detenidos desaparecidos recuerdan que atendía en el edificio de calle 55 entre 13 y 14 de la capital bonaerense los reclamos por el ser querido y trataba a la familia como su tropa a los secuestrados. Juzgado en 1986 Etchecolatz a la par de las juntas militares, fue sentenciado a 23 años de cárcel como responsable de 91 hechos de tormentos pero la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia por aplicación de la Ley de Obediencia Debida alfonsinista. En rigor el genocida cumplió 4 años de condena por la sentencia de la Causa 44 de 1986 y fue indultado en 1990. Luego fue detenido en abril de 2001 en una causa por apropiación de una hija de desaparecidos y nunca recuperó la libertad total.

Un juicio contra él por algunos casos de los CCD de Arana inició el proceso de reapertura de las causas contra los genocidas en 2006. Formalmente fue condenado por la apropiación de Carmen Gallo Sanz en 2004, en aquel proceso realizado en La Plata en 2006, en la causa “Circuito Camps” de 2012, por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en 2014, en la causa “Favero-Álvarez” de 2016, en la causa por los CCD Puente 12-Brigada Güemes y Comisaría de Monte Grande en 2018, en el mismo año en la causa Brigada de Investigaciones de San Justo en 2018 y en la residual de Arana en 2022. Estaba siendo juzgado en la causa unificada por los CCD de las Brigadas de Investigaciones de Quilmes, Banfield y Lanús. Tenía procesos pendientes por el secuestro y las torturas al ex diputado provincial del Frejuli Mario Medina y alguno en Lomas de Zamora.

Pero hay otra perspectiva respecto al juzgamiento de la bestia asesina, que ilustra un poco la situación general del proceso. Tuvo un total de 12 causas en las cuales, en distintos momentos, obtuvo la domiciliaria en 5 y el cese de prisión preventiva en 4, encontrándose en un momento detenido sólo en las causas obrantes en CABA y Lomas de Zamora. En diciembre de 2017 consiguió la domiciliaria en un fallo del TOC 6 de Caba, lo que coronó un derrotero infame de dos años en los que el genocida venía consiguiendo parcialmente el beneficio de irse a su casa en algunas causas, y que no se hacía efectivo porque aún conservaba la prisión preventiva en otras. Así se realizó una multitudinaria marcha contra la domiciliaria en la puerta de l casa del genocida en el Bosque Peralta Ramos de Mar Del Plata. El efecto de la movilización, más la tarea jurídica de apelaciones varias, logró que fuera devuelto al Servicio Penitenciario Federal, donde pasó sus últimos 4 años.

Etchecolatz fue condenado en el primer juicio iniciado tras la anulación de las leyes de impunidad, donde fue desaparecido por segunda vez Jorge Julio López y donde todas las sospechas apuntan al propio Etchecolatz. Esa ambigüedad de justicia a medias con más impunidad atraviesa todo el proceso de los juicios a los genocidas en el país.

Por eso volvemos a reafirmar que el proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura en Argentina lleva 16 años de demoras y desprolijidades. Con o sin pandemia no puede durar otra década y media porque ya no habrá a quien juzgar. Los más de 1.000 represores de la última dictadura y el tercer gobierno peronista que estando procesados murieron impunes por la tardanza del Estado se incrementará hasta poner otro punto final al proceso de juzgamiento. Si se tardó 16 años en juzgar con viento a favor unos 273 expedientes, imaginemos lo que sucederá con las 338 causas pendientes y en tiempo de descuento.

Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003, el inicio efectivo de los debates en 2006, y hasta junio de 2022 el Estado argentino efectivizó 278 juicios con sentencia y como resultado se dictaron 1.500 condenas sobre 1.437 represores y hubo 222 absoluciones, todo ello por un universo de 9.800 víctimas. Por lo tanto, tomando como referencia los 200.000 efectivos que actuaron en la represión y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los responsables del genocidio condenados representan menos del 1% del real actuante en el esquema represivo y 2 represores por cada CCD. Para completar el cuadro, casi el 70% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.600 represores imputados están en total y completa libertad.

Mientras hay unos 20 juicios orales en curso, el número de expedientes que queda completar en instrucción o que están elevados a la espera de juicio es mayor que lo que se realizó hasta ahora: unas 338 causas.

A esta altura del proceso se ha consolidado la modalidad de la prisión domiciliaria para la mayoría de los represores implicados: del total de 2.271 señalados en estas causas (condenados o procesados) sólo 118 cumplen condena o preventiva en el Servicio Penitenciario (algo así como el 5,5 %), la mayoría en la guarnición militar de Campo de Mayo que dista mucho de parecerse a una cárcel federal. El resto están en domiciliaria, libres o prófugos. Los represores con domiciliaria son 565, una cifra que viene creciendo con los años hasta representar un fenómeno que el poder judicial, y muchos sectores políticos que elogian este proceso, parecen no estar dispuestos a revisar cuando en verdad estamos hablando del juzgamiento de los peores crímenes masivos de nuestra historia como país.

El proceso sigue siendo más simbólico que efectivo e irá profundizándose en los próximos años si sigue vigente el criterio de que un criminal de lesa humanidad es visto sólo como un pobre geronte sufriente. Ante esta realidad, la distinción entre los juicios "que tenemos" y los "que queremos", estrictamente las investigaciones y sanciones que el Estado está obligado a realizar, ni siquiera alcanza para describir el despropósito que significa este proceso de juzgamiento que termina siendo más simbólico que efectivo.

Nosotros seguiremos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA!
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
BASTA DE BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!
BASTA DE DILACIONES Y PEREZA DEL ESTADO!

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