Cuando la limosna es grande
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- Categoría: Ambiente
- Publicado: Jueves 23 de Abril de 2009
(Analia Rodriguez – Red Eco) Bahía Blanca - La semana pasada se dio a conocer que la Universidad Nacional del Sur, con sede en Bahía Blanca, aceptó una suma de un millón doscientos mil pesos provenientes de la empresa interestadual Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Esta última fue creada por la ley 14.771 del Congreso Nacional en 1958 y está constituida por el Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno Nacional.
En 1994 se asoció con Minera Alumbrera Limited y comenzaron a explotar el yacimiento Bajo La Alumbrera en la provincia de Catamarca.
En su artículo 18 la mencionada Ley establece que el 60 % de las utilidades de la empresa serán para Catamarca, el otro 40 % se dividirá en partes iguales entre la Universidad de Tucumán y un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado.
Haremos una conjetura de acuerdo a los datos publicados en partes de prensa por la Minera Alumbrera Limited: entre el último trimestre de 2007 y el tercero de 2008, YMAD recibió en concepto de utilidades 174.4 millones de dólares, es decir alrededor de 550 millones de pesos (estimando el valor del dólar a 3.15 pesos).
De acuerdo a lo mencionado, la Universidad de Tucumán recibió en el lapso de un año una suma aproximada de 110 millones de pesos y el mismo monto tuvo que ser destinado al fondo nacional para Universidades.
Son muchas las preguntas que cabe hacerse teniendo en cuento lo mencionado, si la Universidad Nacional del Sur recibió un millón doscientos mil pesos, ¿cuál fue el destino del resto del fondo? ¿Cuántas Universidades han recibido dinero de esta empresa? ¿Es esta la primera oportunidad en que se distribuye dicho fondo? ¿Si es así, que pasó con ese fondo si tenemos en cuenta que Bajo la Alumbrera opera desde 1997?
Además, siendo La Alumbrera una explotación tan cuestionada por los daños ambientales que produce en provincias como Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe; que tiene además varias causas judiciales por contaminación y a su vicepresidente, Julián Rooney, procesado en una de ellas ¿Se trata esta de una maniobra para comprar voluntades de los directivos de las Universidades? ¿Qué garantías de credibilidad se presentarán para avalar los estudios que se les solicite en casos de contaminación?
Cuando el Estado Nacional forma parte de una empresa contaminante, ¿Quién protege a los ciudadanos en su derecho constitucional a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano?
