Acción conjunta para anular el veto
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- Categoría: Ambiente
- Publicado: Miércoles 17 de Diciembre de 2008
(Red Eco) Argentina - La ley 26.418 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, que se aprobó en ambas cámaras por unanimidad, fue vetada el 10 de noviembre por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Esta norma que el Ejecutivo se negó a promulgar fue elaborada con el asesoramiento científico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA). Y cuenta también con el valioso aval del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Sin embargo, la acción conjunta de un importante sector de la ciudadanía ha logrado que la presidenta convoque a conformar un equipo integrado por las Comisiones de Recursos Naturales de Diputados y Senadores, los Gobernadores de las provincias con glaciares, y la Secretaría de Medio Ambiente con el objetivo de que propongan una nueva ley.
Esta comisión, integrada en parte por funcionarios que han apoyado el veto o han accionado para que se produzca, no da garantía de confianza.
En una carta pública, la profesora Elsa M. Bruzzone y los Coroneles (R) Horacio P. Ballester y José Luis García, proponen presionar al Poder Ejecutivo enviando, por todos los medios posibles, solicitudes para que la nueva ley siga su tratamiento en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados para:
1. Asegurar la intangibilidad de los glaciares y sus zonas de influencia en todo el país.
2. Evitar que en sus proximidades se instalen emprendimientos de todo tipo que pueden contaminarlos.
3. Organizar un sistema que ubique y proteja todos los glaciares, desde Jujuy a Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que ellos son las fuentes de agua potable para todos los ríos y lagos cordilleranos que en su mayoría son los que forman el sistema de irrigación de nuestros suelos secos.
El pasado 25 de noviembre el diputado y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Miguel Bonasso, envió una nota a sus colegas de la Cámara Baja. Allí sale al cruce de argumentos falaces y expresa: “No es cierto que la ley prohíba ‘absolutamente’ cualquier tipo de actividad en las áreas en cuestión, sino aquellas que se ejecuten directamente sobre los glaciares y zona periglacial, destruyéndolos o contaminándolos. Tampoco es cierto que exista suficiente protección con los informes de impacto ambiental que se realizan antes de poner en marcha la autorización de ‘toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente’. Diversas organizaciones ambientalistas han denunciado, por ejemplo, que la empresa minera Barrick Gold, presentó informes de impacto ambiental, en Argentina y en Chile, omitiendo la existencia de glaciares en su zona de operación”.
Tal como expresan Bruzzone, Ballester y García, el peligro acecha. Sólo en la Cordillera Patagónica del Chubut se han detectado más de 300 yacimientos polimetálicos registrados con intenciones de explotación. El gobernador de esa provincia, Mario Das Neves, ha prometido a futuros y actuales "inversores" transnacionales eliminar toda la legislación ambiental que se oponga a su instalación. La actitud de otros gobernadores tampoco los hace confiables para defender el patrimonio nacional. Que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en San Juan, donde la minera Barrick Gold abrió una ruta para comunicarse directamente con Chile destrozando el Glaciar Conconta, a través de la cual entran y salen del territorio nacional sus vehículos sin ninguna clase de control.
El éxito para que la nueva ley recupere la esencia de la que fue vetada está lejos de lograrse sino se acompaña con la acción popular
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