Garantía para reprimir
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- Categoría: DDHH
- Publicado: Miércoles 10 de Abril de 2019
Mientras el Ministerio de Seguridad de la Nación crea una Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas, se recrudece el abuso y violencia policial en todo el país. Detenciones arbitrarias, hostigamiento, golpes y persecuciones, sobre todo contra los sectores más jóvenes y vulnerables, son moneda corriente en las calles argentinas. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) – Argentina – Hace pocos días, la ministra Patricia Bullrich firmó la resolución 234/2019 en la que se anunció la creación de la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en el ámbito de la Dirección de Violencia Institucional.
Esto ocurre en el mismo país donde cada 21 horas muere una persona en manos del aparato represivo del Estado, tal como lo denunció la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) al dar a conocer los datos actualizados de su Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Estado.
Esto ocurre en el mismo país donde diariamente se difunden denuncias por abusos policiales a lo largo de todo el país.
Por mencionar solo algunos ejemplos recientes; el pasado sábado 6 de abril hubo una discusión entre vecinos y vecinas en la calle Brumana, entre Santa Cruz y Río Tercero, de Barrio Obligado, partido de San Miguel. En este marco, un joven resultó herido en una pierna por un disparo de arma de fuego. Ante esta situación, y la ausencia de reacción por parte de agentes de la policía municipal presentes en el lugar, un adolescente menor de edad comenzó a filmar lo que sucedía, lo que motivó a que los efectivos intervinieran exigiéndole que dejara de filmar y borrara lo registrado. Ante la negativa del menor de edad, siete agentes le golpearon en diferentes partes del cuerpo, incluyendo un culatazo en su cabeza. Mientras los vecinos y vecinas reaccionaban ante la actitud de la policía, uno de los agentes borró el video del celular del joven que debió ser internado en el hospital de Hurlingham como consecuencia de los golpes recibidos.
Desde el Centro Comunitario Gallo Rojo – Red El Encuentro denunciaron este hecho, al tiempo que advirtieron que en el Barrio Obligado, los pibes y pibas son frecuentemente detenidos en la vía pública de manera arbitraria, hostigados, estigmatizados e incluso expulsados de lugares públicos: “Las prácticas represivas, persecutorias, de hostigamiento y abuso de poder por parte de las fuerzas policiales (federales, provinciales y municipales), lamentablemente se naturalizan cada vez más en nuestro barrio y afectan principalmente a los y las jóvenes provenientes de las clases populares”, expresaron.
En igual sentido, desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata denunciaron la situación de militarización que atraviesa el barrio platense Malvinas Argentinas (San Carlos), advirtiendo que un operativo policial de saturación está generando infinidad de situaciones abusivas e intimidatorias a los vecinos y vecinas de la zona.
Afirmaron que esto se redobló tras un mega-operativo policial en ese barrio, que incluyó allanamientos, gases lacrimógenos, detenciones y hasta la demolición de 3 viviendas que estarían vinculadas a la venta de estupefacientes.
Los vecinos y vecinas recordaron que en esa oportunidad llegaron al barrio “más de 300 efectivos, con carros, colectivos, drones y móviles, una grúa con una garita que colocaron en el lugar, instalaron retenes donde piden documentos y hostigan a los vecinos para entrar y salir del barrio, filman las casas y a los jóvenes, realizan cacheos a todos los que entran o salen”.
“No dejan caminar a los pibes por el barrio y les dicen que si andan sin documentos los van parar. (…) Hubo un operativo muy grande del grupo Halcón, y pudimos saber que los controles van desde las 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 19 a 23 horas. Tuvimos que suspender una actividad de los chicos que hacen entrenamiento de fútbol porque es imposible salir de las casas. Les pegan a todos los que se cruzan. Nos dicen que somos todos paraguayos y narcotraficantes”, describieron.
En este sentido, integrantes del Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata detallaron que desde “hace unos meses se viene evidenciando en el barrio la avanzada de operativos coordinados entre la DDI La Plata y la Subcomisaría La Unión, que generan hostigamiento policial a los jóvenes, detenciones arbitrarias, allanamientos violentos y hasta el armado de causas judiciales por el secuestro de elementos que nada tienen que ver con el narcotráfico ni ningún otro delito”.
“En Malvinas Argentinas, como en otros barrios pobres de la ciudad, se viven entre conexiones inseguras de gas y electricidad, calles de tierra que se inundan cuando llueve, falta de cloacas y desagües, escasez de líneas de transporte público, hambre, desocupación y precarización laboral, dificultad para acceder a la salud y la educación, falta de espacios oficiales de contención y recreación para jóvenes y niños, a lo que se suma ahora la tensión social generada por el supuesto despliegue ‘preventivo’ de la represión policial (…). Con la excusa de combatir el narcotráfico y la inseguridad el gobierno se desliga de la responsabilidad cómplice que tiene la policía en todos los grandes delitos que dice combatir. Así ataca a los sectores populares como los únicos responsables de ese negocio, mientras que tiene una ineficaz intervención con los grandes narcotraficantes. Es decir que comienzan por los últimos eslabones de la cadena criminalizando al conjunto de la población en las barriadas. De esta manera la presencia de las fuerzas policiales deja librado el escenario para que aumenten situaciones violatorias de los Derechos Humanos. (…) Los sectores más afectados son la juventud que se ve sometida a detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes y cacheos solo por portación de rostro, y por otro lado las mujeres, quienes se encuentran más expuestas a situaciones de acoso, abuso, y maltrato. Los relatos de las vecinas y vecinos dejan en evidencia que las consecuencias de la presencia policial se viven y sienten en la vida cotidiana, teniendo que cambiar sus hábitos de circulación y sus formas de habitar el barrio por el temor y la intimidación que sufren constantemente. Lejos de generar una solución los operativos de saturación policial acarrean mayores situaciones de vulnerabilidad social, porque despliegan la represión “al voleo” para dar un efecto de control territorial de la zona”, expresaron desde el Colectivo.
Situaciones similares se viven en la Ciudad de Buenos Aires. El lunes pasado, la policía local estaba desalojando a familias en situación de calle en la Plaza Congreso, cuando el periodista y militante de los derechos humanos Carlos Casal fue golpeado mientras filmaba el operativo (por las heridas debió ser atendido de urgencia por una ambulancia del Same y luego trasladado al Hospital Argerich) y detenido en forma ilegal.
Es cierto que este accionar policial no es nuevo, pero lo concreto es que va en aumento tanto en cantidad de casos como en agresividad. En este sentido, el archivo elaborado por Correpi da cuenta que entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019, 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal. Este número representa el 20% del total desde diciembre de 1983, en tan solo poco más de tres años.
