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A tres años de la muerte de Matías Iberra en una comisaría, la causa está estancada

El 1° de julio de 2019 apareció muerto en un calabozo de la seccional segunda de Merlo. La causa de la muerte fue por un golpe en la cabeza luego de una crisis de salud mental. Matías fue víctima del sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires, que lo detuvo por ser pobre y que se encargó de encubrir lo que había sucedido con él. A pesar de las pruebas que surgen de la investigación, la fiscal aún se niega a tomarle declaración a los principales sospechosos. Por CELS.

Hace tres años, Matías Iberra apareció muerto en un calabozo de la Comisaría Segunda de Merlo. Su cuerpo presentaba múltiples golpes. El caso de Matías concentra muchas de las violencias extremas y cotidianas del colapsado sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires: una persona detenida por ser pobre, una fuerza policial violenta que no está preparada para gestionar lugares de detención ni para atender una crisis en salud mental, una red de encubrimiento que incluye a policías de bajo y alto rango y hasta médicos. Hay pruebas de sobra de todo esto. Y sin embargo, la fiscal a cargo de la UFI N° 3 de Morón, Valeria Courtade, se rehúsa a tomar declaración indagatoria a los principales sospechosos a pesar de existir prueba sustancial en la causa que identifica a las presuntas personas responsables y la causa está estancada.

Los hechos
La noche del 26 de junio de 2019, un grupo de personas acusó a Matías de haberles robado un equipo de mate. Matías se encontraba en situación de calle, los denunciantes le sacaron su mochila y se dirigieron a la Comisaría Primera de Merlo. Matías los siguió. La policía no encontró entre sus pertenencias los elementos supuestamente hurtados. A pesar de no haber prueba de delito, lo demoraron y el fiscal pidió que se le dictara la prisión preventiva. ¿La razón? Como estaba en situación de calle, no tenía domicilio fijo. El juez convalidó el pedido y Matías quedó detenido por ser pobre.

Durante los días siguientes Matías declaró a instancias del fiscal. Desconoció los hechos y dio su descargo. No importó: lo dejaron detenido por ese hecho absurdo.

El sábado 29 de junio por la noche Matías tuvo una crisis de salud mental en la comisaría. Todos los testigos coinciden en que no estaba ubicado en tiempo y espacio, que gritaba, se autolesionaba y pedía por su familia. Lejos de asistirlo, los policías lo esposaron y lo aislaron. Nunca llamaron a personal de salud. Lo que sí hicieron fue pedir su traslado a la Comisaría Segunda de Merlo.

Así comenzó un ida y vuelta entre ambas sedes policiales: nadie se quería hacer cargo de un preso golpeado y con una crisis de salud mental. En el Hospital Eva Perón un médico lo revisó y emitió un certificado que decía que no tenía lesiones visibles, lo cual era falso a simple vista. Matías volvió a la Comisaría Primera y permaneció allí hasta la madrugada. Finalmente, luego de negociaciones telefónicas que incluyeron a los titulares de las dependencias, lo volvieron a llevar a la Comisaría Segunda. Tan grave era el cuadro que, al momento de recibirlo, los propios policías dejaron asentado por escrito que Matías ingresaba golpeado y con un certificado que describía un buen estado de salud.

Los testimonios de los detenidos en la Comisaría Segunda afirman que, lejos de apaciguarse, la crisis de salud mental se agudizó. Matías rompió los cables de electricidad e inundó la celda, mientras continuaba completamente desubicado en tiempo y espacio. Ningún policía pidió asistencia médica, solo le cortaron la luz. Matías pasó esa noche y el día domingo 30 golpeado y todo mojado, a bajísimas temperaturas. Nunca lo vio un médico. La mañana del lunes 1 de julio Matías apareció muerto. La autopsia dice que falleció de un traumatismo encéfalocraneano y que el golpe letal lo recibió durante el lapso de traslado que se inició la noche del sábado y finalizó durante la madrugada del domingo. Las comisarías Primera y Segunda de Merlo fueron allanadas recién el 5 de julio, cuatro días después de los hechos.

Todo este relato está probado desde diciembre de 2020 en la causa que investiga su muerte. Hay peritajes, testigos, análisis de las cámaras de seguridad, de los registros satelitales de los movimientos del móvil policial, de los registros de los libros de las dependencias policiales y de los teléfonos de los propios sospechosos.

El caso de Matías demuestra cómo el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal avanzan con una vehemencia inusitada ante casos absurdos, como la sospecha del hurto de un equipo de mate; pero tienen una vara muy distinta al momento de investigar y enjuiciar a las fuerzas de seguridad. En un caso, sin pruebas, se detuvo y dejó morir a una persona en extrema situación de vulnerabilidad. En el otro, a pesar de la cantidad de evidencia, ni siquiera se les tomó declaración a los presuntos responsables.

Sobrepoblación y muerte en las comisarías bonaerenses
Hace pocas semanas, Daiana Abregú apareció muerta en un calabozo de una comisaría en Laprida, Provincia de Buenos Aires. Las circunstancias de su detención y por qué se convalidó también resultan absurdas. Al igual que Matías, Daiana no tenía que estar en una celda. Entre 2019 y 2022, fallecieron más de 70 personas mientras estaban alojadas en comisarías.

En los últimos diez años, el sistema de encierro de la Provincia viene acelerando su crecimiento de una forma absolutamente desproporcionada. La política criminal de los diferentes gobiernos no logra encontrar otro abordaje de la seguridad que no sea la detención ante cualquier situación conflictiva. El Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, sin ninguna postura crítica de la labor desplegada por las fuerzas de seguridad, solo se limitan a analizar mínimos requisitos para convalidar las detenciones policiales. Hoy hay 4.200 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, en condiciones deplorables, hacinadas y sin acceso a atención médica adecuada. La situación sigue siendo muy grave pese a las cautelares dictadas por la CIDH. El 39% de las personas alojadas en comisarías están en dependencias clausuradas.

Cuando casos como el de Matías ocurren, se evidencia una vez más el uso de la privación de la libertad como única respuesta a conflictos de la sociedad y cómo, para el aparato estatal, hay vidas que importan más que otras. La muerte de Matías, como la de tantas otras personas detenidas en comisarías, se podría haber evitado.

 

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