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El Acuerdo con el Fondo es una brutal cesión de Soberanía del Gobierno Nacional

Frente al debate que se dará en el Congreso de Nación sobre el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el FMI, compartimos las opiniones de Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular y director del Banco de la Nación Argentina

 

Desde Unidad Popular sostenemos lo siguiente:

1) El parlamento no puede validar el endeudamiento macrista ni eludir la denuncia sobre las irregularidades e ilícitos cometidos por el FMI

El camino que el Gobierno Nacional debería asumir para abordar el problema de la deuda macrista es el de, por un lado, profundizar la investigación a nivel local sobre las irregularidades en los procedimiento administrativos, jurídicos y constitucionales y, por otro lado, en el plano exterior, llevar adelante las denuncias ante los foros internacional (la Asamblea General de la ONU y la Corte Internacional de Justicia) respecto a las irregularidades incurridas por el FMI.

El efecto, en el ámbito local, que implicaría la opción de avanzar decididamente con la investigación sobre los incumplimientos cometidos contra la legislación nacional, lo que permite es identificar a los responsables del endeudamiento, tanto funcionarios como beneficiarios, para que sean estos los que tengan que afrontar la carga del pago de la deuda en lugar del pueblo argentino. De manera simultánea, la denuncia en el ámbito internacional tendría como efecto la posibilidad de reducir el capital adeudado, es decir, reclamar una quita de la deuda fundada en el incumplimiento por parte del FMI de su propio estatuto en el que se establece un límite de 23.000 millones de dólares de crédito en relación con la cuota que Argentina aporta al organismo. Asociado a esto, la eliminación de sobretasas que se están cobrando por haber accedido a un crédito mayor al permitido, así como también la opción de alargar los plazos.

2) Cercenamiento de la soberanía y cogobierno

Asistimos a una brutal cesión de soberanía por parte del gobierno nacional. No sólo se acepta un misión permanente del FMI en la Argentina, sino que además se someterá a 10 revisiones trimestrales vinculantes que serán las que definan los desembolsos que servirán para afrontar los vencimientos de deuda. La Argentina tiene por delante un total de 37 vencimientos de deuda que la ponen sistemáticamente al borde del default frente al FMI. No puede aceptarse una misión del Fondo de estas características. En tanto el FMI es corresponsable de la crisis de deuda no tiene razón para ejercer ningún tipo control sobre la política económica de la Argentina.

3) Diferimiento del default y no su resolución

El entendimiento está muy lejos de resolver el default para la Argentina. Lo que hace es postergarlo para dentro de 3 años porque el nuevo stand-by debería comenzar a pagarse a partir de finales del del 2026 generando una necesidad adicional de divisas que escalan, a partir del 2025, al considerarse los casi USD 10 mil millones anuales de vencimientos por la deuda reestructurada a los acreedores privados. Nadie puede esperar ningún shock de confianza en la Argentina a partir de este diferimiento del default. Todos sabrán que nuestro país volverá discutir la reestructuración de su deuda en el 2026.

4) Ajuste Fiscal

El acuerdo se compromete a realizar continuas reducciones del déficit primario hasta alcanzar el equilibrio primario en 2025 y destinar todo excedente presupuestario a repagar al organismo. A pesar de las intenciones de reducir el resultado fiscal sin ajustar el gasto, el texto no contiene señales certeras de nuevas o mayores fuentes progresivas de ingresos. Por el contrario, lo negociado prevé no continuar con el aporte a las grandes fortunas y planea reducciones de derechos de exportación de algunos sectores como el agronegocio. Tales recursos que no estarán presentes en el corriente año indica que esfuerzo fiscal para alcanzar la meta de achicamiento del déficit será mayor que la admitida por el gobierno: al 2022 se dará una reducción de 1,3 p.p. del PBI, equivalente a casi 6.300 millones de dólares, que considerando el 2023 terminaría con un ajuste fiscal equivalente a los 9.000 millones de dólares.

5) Política monetaria recesiva y contractiva

La dirección que asume la política monetaria es elevar los niveles de las tasas de interés y mantenerlas positivas en términos reales con el consecuente impacto negativo en la actividad productiva. El FMI proponer abiertamente retrasar el ritmo de recuperación de la actividad económica argentina, para contener el uso de dólares y servir principalmente a sus intereses y postergar los tiempos de la reparación social. Por privilegiar un enfoque monetario sobre el problema de la inflación, se pone en riesgo transformar el mercado de pesos en un mercado especulativo que, según el diseño propuesto, terminaría de convertir a la política económica en rehén del establishment financiero local.

6) Ajuste inflacionario y regresividad en el esquema de precios relativos

La suba de la tasa de interés, la devaluación y el aumento de tarifas son tres definiciones que incrementan costos de producción y aceleran el proceso inflacionario. Decisiones tributarias al interés del FMI que ve en la inflación el mecanismo del ajuste más efectivo para el frente fiscal que licúa gasto y mejora la recaudación. Asimismo, queda planteado un esquema de precios relativos fuertemente regresivo de precios, tasa de interés y tarifas altas con salarios, jubilaciones y programas sociales contenidos.

7) Convalidación de la renta petrolera

La quita de subsidios exigida resulta imposible cumplimentar sin un aumento indiscriminado de tarifas. El núcleo del problema, que no se discute, es el subsidio a la oferta de gas y el petróleo, que realiza el Estado al aceptar el precio internacional para la remuneración a las petroleras, valores que exceden los costos reales de extracción y generan una renta extraordinaria para el oligopolio.

8) Entre el congelamiento y la profundización de la desigualdad

En materia social se fortalece la siempre fallida focalización de la políticas de transferencia de ingresos; se congela la cobertura de los programas sociales y se descarta la posibilidad de una red de protección económica universal que restituya derechos y apuntale el consumo; se limitan los programas sociales de empleo y apoyo al trabajo autogestionado en pos de la idea (también fallida) sobre la recuperación masiva del empleo formal; se fortalece la presencia de los organismos internacionales y bancos de desarrollo en el establecimiento de los lineamientos que definen las políticas sociales; y se evita el aumento del peso de la masa salarial del sector público en el PBI.

9) Se abre la puerta de entrada a las reformas estructurales a partir de los compromisos de revisar el sistema previsional bajo una enfoque flexibilizador y fiscalista.

10) Extractivismo, desarrollo asimétrico y oligopolización:

En el marco de prudencia fiscal del acuerdo se conservó un “oasis” de incentivos, exenciones y privilegios impositivos, a los denominados sectores estratégicos, cuya principal función sería la de proveer de dólares frescos a la economía conforme al sesgo marcadamente exportador. Éstos no sólo contarán con la rentabilidad extraordinaria que implica la ultraexplotación de la naturaleza, sino que acentuarán la apropiación privada del valor generado, gracias a la privatización casi absoluta de renta obtenida. Cabe aclarar que esos sectores ya vienen recibiendo ingentes beneficios año tras año y los resultados no impactan en la generación del empleo ni la distribución del ingreso.

Fuente: CTA Autónoma - Córdoba con información de www.eldiarioar.com

 

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