Sesiones extraordinarias sin Ley de Acceso a la Tierra para los pequeños productores

En la reciente convocatoria a extraordinarias para febrero se evidencia la política agraria del gobierno: la prioridad es aumentar las exportaciones de commodities para el pago de la deuda con el FMI. Los derechos de las familias campesinas, que producen los alimentos para el mercado interno, siguen siendo postergados. Por Mariángeles Guerrero-Agencia Tierra Viva.

El presidente Alberto Fernández convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. En el temario hay 18 proyectos de ley y en materia productiva se encuentran los siguientes: producción y comercialización de cannabis medicinal y cáñamo industrial, la Ley de Promoción a la Electromovilidad (que impulsará la industria del litio), la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz y La Ley Agroindustrial. La inclusión en el temario del proyecto de promoción agroindustrial, promovida por las entidades agropecuarias ligadas a la exportación de commodities, evidencia la urgencia del gobierno para aprobar leyes que genere divisas, en el contexto de las negociaciones por el pago de la deuda ante el Fondo Monetario Internacional, ya que fue presentada en octubre pasado y no perdía estado parlamentario para las sesiones ordinarias de este año.

En tanto, otros proyectos, como el de Ley de Humedales y el de Ley de Acceso a la Tierra perderán estado parlamentario el 1° de marzo. Es decir, ya no podrán ser tratados en el período siguiente. Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) manifestaron su disconformidad. Lucas Tedesco, vocero de la UTT advirtió que «el campo concentrado tiene cada vez más herramientas. Está totalmente fuera de la realidad que en una sesión extraordinaria se favorezca a estos sectores. Le seguimos dando poder a los que tienen más poder».

La Ley de Promoción Agroindustrial propone alcanzar las 200 millones de toneladas de cereales y oleaginosas para 2030. El plan busca “consolidar al país como líder agroalimentario” mediante “beneficios fiscales e impositivos”. Ante este panorama, Tedesco advirtió que «este paquete de medidas va en la línea de seguir profundizando el modelo agroindustrial». Al respecto, amplió: «Esta ley apunta a beneficiar a las empresas agroexportadoras que especulan con el dólar y que generan commodities. En este contexto del pago de la deuda histórica que dejó el gobierno anterior, está la cuestión de tener que buscar divisas a través de las exportaciones». Luego, remarcó: «El gobierno sale a apoyar a estos sectores para poder pagar una deuda que para nosotros es ilegítima».

Una ley para profundizar el extractivismo agropecuario
La ley que será tratada en extraordinarias por decisión de Alberto Fernández fue redactada en conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un espacio nacido en 2020 que reúne a casi la totalidad del sector empresario del agronegocio del país. Está integrado por todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja); las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados, entre otros. Además de promover una forma de producción atada al paquete tecnológico de transgénesis y agrotóxicos, también generará beneficios impositivos para el sector más concentrado del agro.

La cara más visible del Consejo Agroindustrial es Gustavo Idigoras, que llegó como presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), pero tiene un mayor recorrido, en distintos engranajes del agronegocio: agregado agrícola por Argentina ante la Unión Europea (2004-2009), responsable por el Ministerio de Ciencia de la Mesa de Semillas (durante el macrismo), coordinador de la Red de Buenos Prácticas Agrícolas (donde confluyen todas las grandes multinacionales de transgénicos y agrotóxicos). Y fue ejecutivo de Monsanto, entre 2014 y 2018, año en el que la multinacional de agroquímicos fue comprado por la alemana Bayer.

En su Artículo 11, el proyecto de Ley de Promoción Agroindustrial propuesto por el Ejecutivo señala que la intención es «incrementar la producción agropecuaria, las exportaciones y conservar el capital natural del suelo en el marco de las buenas prácticas agrícolas y las medidas de adaptación al cambio climático». El objetivo de máxima es lograr una cosecha total de 200 millones de toneladas entre cereales, oleaginosas y legumbres. Estas pretensiones colisionan con los propios compromisos de Argentina en el marco del Acuerdo de París.

A fines de 2020, nuestro país presentó su voluntad de limitar las emisiones de gases invernaderos a un nivel de 25,7 por ciento, un valor inferior al comprometido en 2015. El último Inventario de Gases de Efecto Invernadero en Argentina (2019) señala que el 37 por ciento de las emisiones de GEI en nuestro país corresponden a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra.

En 2019 —sin plan de promoción de la producción mediante—, la superficie sembrada en Argentina era de 40.507.400 hectáreas totales, de las cuales 41,7 por ciento correspondía a soja; 23,4 por ciento a maíz y 17,1 por ciento a trigo. Esta actividad se complementa con el sector ganadero. En cuanto a la producción bovina, totalizaron unos 52,9 millones de cabezas en el año 2020, en tanto que en 2019 se faenaron 13,9 millones. Si bien la mayoría de la producción de carne bovina es para consumo interno, en 2018 el 28,4 por ciento se destinó a exportaciones. Es decir, ¿de qué manera cumplirá Argentina sus acuerdos internacionales respecto a la crisis climática si la propuesta a nivel nacional es aumentar los índices de producción para las exportaciones? ¿Y cómo el incremento de las exportaciones redundará en una mejor alimentación para los y las argentinos?

La Ley de Acceso a la Tierra perderá estado parlamentario por tercera vez
Por su parte, el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, presentada en 2020 con el apoyo del entonces ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Luis Basterra y del entonces titular de Desarrollo Social Daniel Arroyo, junto a la vicepresidenta del bloque Diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, perderá estado parlamentario el próximo 1° de marzo. Es la tercera vez que pequeñas y pequeños productores presentan la iniciativa y no logran que llegue al recinto.

El proyecto propone la creación de un fondo fiduciario en en Banco Nación para que las familias agriculturas, que no cuentan con tierra propia, puedan acceder a un crédito hipotecario para comprar una parcela. Antes lo habían hecho en 2016 y 2018. Desde entonces no dejaron de reclamar su sanción, en la calle y con acciones concretas: verdurazos y feriazos, entre otras, para demostrar que otra forma de producir es posible en Argentina.

La tenencia de la tierra es clave para pensar en un modelo agrícola saludable con el medioambiente y con las personas. Por ejemplo, hoy quienes alquilan para producir en el cordón hortícola de La Plata deben pagar entre 20 y 25 mil pesos por mes la hectárea, sin contar el abono de servicios como gas, electricidad y la compra de semillas e insumos -cuyos costos están dolarizados. Para cultivar frutas y verduras se necesitan entre tres y cinco hectáreas.

Pero además, las familias no pueden construir allí una vivienda digna, viven en casillas de madera y nylon. Los contratos son tan precarios que —de un día para el otro— el dueño puede pedirles que desalojen el predio. En esas condiciones, pensar en un proceso agroecológico, que requiere cuidados de la tierra y planificaciones de manejo a largo plazo, se vuelve prácticamente imposible. El proyecto de Ley de Acceso a la Tierra contaba con dictamen desde noviembre pasado y el presidente Alberto Fernández se había comprometido a impulsar su tratamiento en febrero pasado. Sin embargo, no fue incluida en el temario de las extraordinarias.

Tedesco analiza que «más allá de analizar todo el contexto de la deuda y las presiones mediáticas, de todas maneras no entendemos por qué no se aprueba esta ley». Y considera: «Estamos pidiendo un crédito, a ese crédito lo vamos a pagar y encima vamos a generar trabajo y beneficios: va a bajar el costo de los alimentos, de las frutas y las verduras, obviamente con un proceso acompañado por políticas públicas de fomento a la agroecología y a las cooperativas».

A la presentación del proyecto con el aval de los entonces ministros Basterra y Arroyo, le siguió la reunión con el propio Alberto Fernández y, en octubre pasado, la Mesa Agroalimentaria Argentina fue recibida por el flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez. En esa ocasión el funcionario se comprometió a impulsar la ley en el Congreso desde la cartera que conduce. Todos gestos que se llevó el viento.

Para Tedesco, «a la hora de cerrar los acuerdos, los ministros están más preocupados por mostrar que Argentina va a tener divisas y solvencia en dólares para salir a pagar la deuda y por eso las prioridades son estas: la ley de fomento agroindustrial o las megagranjas porcinas«. En ese sentido, añade: «No importa si contaminamos el agua o si generamos una epidemia por un modelo de producción de carne que ya ha demostrado en todo el mundo que trae enfermedades. Por todas esas cosas seguimos siendo el patio trasero, o nunca lo dejamos de ser, de un modelo que ve la necesidad de que Argentina siga proveyendo de materias primas». Para la UTT, la Ley de Acceso a la Tierra es «un primer paso para dar la discusión».

En Argentina, más del 60 por ciento de los alimentos provienen del trabajo de las familias productoras que alquilan el lugar donde siembran. «Somos los que alquilamos la tierra y en Argentina nunca hubo una política en función de esta problemática tan seria. Desde los años 90 para acá hemos visto el avance del agronegocio y al mismo tiempo el avance de la pobreza y del hambre», compara Lucas Tedesco.

«Este modelo de monocultivo y de concentración de la tierra supuestamente nos iba a sacar de la pobreza y en realidad es un círculo vicioso donde los gobiernos neoliberales nos endeudan y los gobiernos progresistas pagan la deuda con los dólares de este modelo. Ese círculo siempre termina beneficiando a quienes no están pensando en los intereses de todos los argentinos y las argentinas», sentencia el referente.

Imagen: Pedro Ramos.

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