La Justicia frenó los tarifazos

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La Justicia desafía a Macri: frenó el tarifazo del gas en todo el país y el de la luz en la provincia de Buenos Aires. La Cámara Federal de La Plata hizo lugar a un abánico de amparos impulsados por la oposición junto con ONG y Clubes. Fue luego de que en el interior se dictaran resoluciones similares. Macri habló y quedó offside. Ahora deberá definir la Corte Suprema. Por iProfesional.com

El Gobierno recibió un golpe contundente quizás de quien menos lo esperaba. En un mismo día, la Justicia federal:
 
- Frenó el tarifazo de gas en todo el país

- Suspendió por tres meses los aumentos de la luz en la provincia de Buenos Aires.

Paradójicamente ocurrió momentos después de que Mauricio Macri en los Estados Unidos se mostrara "orgulloso" por el supuesto respaldo de la población al ajuste de tarifas.

Horas después de que se conociera el fallo que impugnó el tarifazo y puso en jaque la política económica del Gobierno, la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua) advirtió que "no hay que pagar" las tarifas de gas hasta que la Corte Suprema decida si deja firme el fallo de la Cámara Federal de La Plata que suspende los aumentos.

Así lo manifestó el abogado de la entidad Osvaldo Riopedre, quien precisó que el fallo "suspende todos los aumentos de gas y lo hace retroactivo a las tarifas de marzo, por lo que tienen que refacturar y no hay que pagar, por lo menos hasta que el Gobierno apele y se conceda el recurso".

Desde la asociación también consideraron que va a ser "alto" el costo político que el Gobierno va a pagar por los montos de los incrementos y la posterior judicialización de la medida.

El frente judicial
La ofensiva judicial había comenzado en los tribunales del interior del país, tras las protestas que se registraron en varios distritos en los últimos meses. 

Pero este jueves el rechazo a los incrementos en las boletas cobró un nuevo impulso a partir de dos fallos que dictó la Sala II de la Cámara Federal de La Plata. 

La sentencia más fuerte del tribunal platense desactivó el aumento del gas, al hacer lugar al amparo presentado por el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad. 

Si bien en un primer momento se difundió que la medida tenía alcance provincial, la resolución abarca a todo el territorio nacional. Esto, a raíz de que las subas se efectuaron sin las audiencias públicas correspondientes. 

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. En un comunicado breve, el Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren advirtió que apelará los dictámenes que le son adversos. 

"Estamos analizando los alcances y, en cualquier caso, como hemos hecho con todos los amparos, daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados", señaló.

La decisión de la justicia provincial fue el corolario de una semana caliente. El miércoles, la Cámara Federal de Roca ya había suspendido por tres meses la aplicación del alza del gas en las provincias de Río Negro y Neuquén, al revocar un fallo de primera instancia de la jueza federal Carolina Pandolfi.

En nueve provincias estaba frenado el aumento. Hubo fallos contra el tarifazo en Córdoba, Chubut, Jujuy, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Cruz.

Además, se tomaron resoluciones similares en varias localidades bonaerenses en ciudades del interior.

También desde la política se buscó frenar el tarifazo, que hoy parece ser el principal problema político de Mauricio Macri.

El Bloque Justicialista presentó un proyecto de ley para suspender "en forma provisoria" hasta el 1 de julio de 2017 los ajustes en los servicios de luz, gas y agua mientras el Gobierno revise los nuevos cuadros tarifarios.

Pablo Kosiner, uno de los firmantes de la iniciativa, dijo que los incrementos autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional fueron "una medida improvisada sin medir las consecuencias que tiene, realmente una equivocación del Gobierno".

Los fallos de la Cámara tienen lugar luego de que el Ejecutivo solicitara a la Corte Suprema que defina el tema.

Ante la caudalosa ola de sentencias judiciales de distintas instancias contra los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, el ministro de Justicia Germán Garavano consideró que "sería bueno" que el máximo tribunal "resuelva" -antes de la feria judicial-  el pedido de intervención sobre todos los amparos presentado por el Ministerio de Energía con el patrocinio de la Procuración del Tesoro.

Los drásticos aumentos están en el centro de la agenda y se convirtieron en un dolor de cabeza para el oficialismo, que, por un lado, presentó las apelaciones correspondientes y le pidió el "per saltum" al Supremo Tribunal.
 
Esto, para que se expida y así saltear las instancias judiciales previas. Pero también dio macha atrás en parte del ajuste, al acotar los incrementos en las boletas al 400 por ciento.

Pero según el lugar del mapa de la Argentina, la tarifa varía. Actualmente los nuevos valores para el gas rigen para la provincia de Buenos Aires, Capital Federal (que en conjunto representan el 40% del consumo), la mesopotamia, y la mayor parte del norte del país.

En tanto, en la Patagonia, el departamento mendocino de San Rafael, San Luis, Córdoba y algunas localidades norteñas los amparos se encuentran vigentes. No obstante, en Chubut se está por cumplir el plazo por el que el tarifazo se había frenado.

"El recurso está presentado. Como Gobierno tomamos la misma posición que frente a todos los casos, que es no interferir, no criticar ni presionar. Pero sí sería bueno que la Corte resuelva el tema, al menos que decida si admite o no el per saltum solicitado", señaló Germán Garavano y pidió que al menos se pronuncie sobre el per saltum antes de la feria judicial que comienza el 18 de julio.

Los abogados de la cartera que conduce Juan José Aranguren buscan así que el máximo tribunal intervenga sobre los amparos que buscan impedir los retoque en distintos lugares del país.

Entienden que es necesario para generar un clima de certeza y para unificar los criterios de facturación ya que hoy, aceptan, el escenario es caótico.

Garavano admitió que los fallos judiciales que frenaron las subas generan "una situación bastante irregular sobre quién paga, quién no paga".

"Además, esos fallos tienen una deficiencia técnica -sostuvo-más allá de que hay jueces que las estén otorgando".

Incluso, en un intento de demostrar que el tarifazo les llegó a todos, Garavano confesó que a él le pasó "lo mismo que la gente" al recibir la factura de gas: "Pagaba mil y pico de pesos y me llegó la boleta de más de 5 mil pesos en dos cuotas".

Con todo, la Justicia cordobesa también ratificó los amparos en esa provincia. El lunes, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se expidió a favor de las medidas cautelares, promovidas por más de 2.000 vecinos.

Más aun,  ordenó a la empresa Ecogas retrotraer las tarifas del gas a la fecha antes del aumento por tres meses y para todos los usuarios de la provincia, al resolver una apelación de un fallo de primera instancia que había rechazado el pedido de los amparistas.

Aunque el tribunal se expidió sobre la iniciativa que los usuarios promovieron en contra de la resolución de primera instancia, del juez Ricardo Bustos Fierro, que había rechazado la medida cautelar de los vecinos de la ciudad de Córdoba, la decisión se hace "extensiva a toda la provincia", remarcó el magistrado.

Así, la resolución alcanza a los otros planteos similares que se tramitan en los juzgados federales de Río Cuarto, San Francisco y Villa María.

Freno al tarifazo eléctrico
En simultáneo a la anulación del tarifazo en el gas, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata suspendió por tres meses el aumento en las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires y golpeó al Gobierno en otro frente inesperado.

Los jueces Cesar Álvarez y Leopoldo Héctor Schiffrin congelaron las resoluciones del Ministerio de Energía 6/2016 , 7/2016 y la del ENRE 1/2016 para el ámbito bonaerense, al revocar un dictamen de primera instancia que ratificaba el ajuste en las boletas de luz del distrito.

Por el contrario, los magistrados hicieron lugar a la medida cautelar presentada por el titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Enrique Marcelo Honores; el apoderado del Partido Justicialista provincial, Jorge Landau; diputados del PJ bonaerense; el representante David Omar Gutiérrez del Club Social y Deportivo 12 de octubre de Quilmes.

En base a los actores que presentaron la apelación, la Cámara Federal consideró que la medida cautelar "alcanza a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del territorio de la Provincia de Buenos Aires". No obstante, aclararon que "de ninguna manera significa adelantar criterio sobre el fondo de la cuestión, sino un análisis periférico propio de este estado procesal".

En la cautelar que había rechazado el juzgado de primera instancia N°2 de La Plata los demandantes señalaban que la nueva tarifa "no se ajusta a derecho en tanto la Administración omitió el llamamiento a la audiencia pública".

"Al respecto, manifiestan que la participación del consumidor en el procedimiento de modificación de tarifas es relevante debido al impacto social y financiero que tal hecho representa en los consumidores", indica el fallo.

Asimismo, los diputados justicialistas plantearon que por resoluciones "arbitrarias, infundadas e inconsultas, millones de usuarios se verán obligados a abonar aumentos exorbitantes en sus facturas con incrementos desde 300% hasta 500%".

La Corte y la "bola de nieve"]
El fallo de la Corte sería fundamental para que el Gobienro pueda diseñar el esquema tarifario para 2017.

A pesar de la polémica que se desató tras los aumentos en electricidad y gas, el Poder Ejecutivo admitió recientemente que los ajustes podrían continuar durante el año próximo.

El escenario en la Corte Suprema es cambiante.  Horacio Rosatti, ya anticipó el miércoles pasado que se expedirá sobre el tema "en pocos días". 

En el Gobierno advierten que la ola de amparos "es una bola de nieve que hay que parar".

Principalmente por la enorme distorsión que existe entre los precios de la energía dependiendo de si se cuenta o no con un aval judicial para no pagar el aumento. "Cuando había congelamiento de tarifas no era tan urgente la definición de la Corte", aseguran los especialistas.

Aún no se sabe cuándo será la definición. Puede ser que haya que esperar a agosto, cuando asumirá su quinto miembro, Carlos Rosenkrantz, quien no pudo jurar por sus compromisos académicos y judiciales.

Síndrome del amparo anti-tarifazo
El macrismo teme que un aval a las medidas cautelares que rechazan las subas de tarifas ponga en riesgo las medidas económicas que pensaba tomar.

Con el anuncio de los topes a las tarifas de gas, el Gobierno buscó una alternativa para evitar la judicialización de un tema sensible como son los servicios públicos esenciales.

El costo fiscal de esta medida representa unos $2.250 millones, cifra que no pagarán los usuarios y que pasará a ser una erogación estatal.

Esta decisión se publicará en el Boletín Oficial. Como regirá de manera retroactiva al 1 de abril, aquellos que en ese mes superaron los techos de 400% y 500% recibirán una nota de crédito a favor en el próximo período de facturación. 

Tras la catarata de amparos en todo el país para oponerse a la suba de tarifas, que en algunos casos llegó al 2.000% en el gas, el Gobierno –ante el temor de que se trate del primer paso para la "judicialización" de su política económico social- recurrió a la Corte Suprema para pedirle que se expida y convalide la decisión tomada por los ministros. 

Es que un freno al “tarifazo” pondría en riesgo las previsiones en materia fiscal, dado que uno de los principales rubros en los cuales se esperaba achicar el déficit era, precisamente, en los recortes a los subsidios.

Además, en el Gobierno apostaban a que que las empresas comenzaran a invertir en infraestructura debido a la suba en las tarifas.

El procurador del Tesoro, Carlos Balbín, hizo referencia a la "gravedad institucional" que se generaría si se confirman los amparos que cuestionan estos aumentos.

En uno de los casos, el Gobierno pidió per saltum, para saltear la decisión de la cámara de apelaciones y que decida -de una vez por todas- el máximo tribunal.

Desde el estudio Grispo explican a iProfesional que la Corte "suele descartar el tratamiento de medidas cautelares".

No obstante, en este caso, es posible que se expida "atento la trascendencia y gravedad institucional que representa la aplicación absolutamente desmedida e irrazonable de tarifas” sobre bienes básicos e indispensables como el servicio eléctrico y el gas.

Reclamos por doquier
Clubes de barrio, centros de jubilados, cuarteles de bomberos, centros culturales, teatros independientes, milongas y otros espacios artísticos son algunas de las entidades que plantearon los reclamos contra el “tarifazo” de luz y el gas.

Además, distintas organizaciones que agrupan a consumidores de diferentes partes del país obtuvieron fallos favorables para frenar momentáneamente la suba de estos servicios públicos esenciales.

Desde ese momento, se suscitaron distintos interrogantes sobre el alcance que tienen las cautelares, tanto respecto de su durabilidad y de los beneficiarios de la misma, como también de los efectos concretos que tendría en materia económica. 

"En las tarifas del gas hemos entendido que cometimos algún error y lo estamos corrigiendo, y esa es la forma de actuar de la gente de buena fe", aseguró Frigerio ni bien se desató la polémica y las críticas al tarifazo.

Luego, el Gobierno reaccionó y fijó un tope a los aumentos de gas, por  lo cual el incremento de ese servicio tendrá un límite de 400% para los consumidores residenciales y del 500% para las Pymes.

Ocurre que las nuevas facturas nunca llegaron a los hogares y comercios y la confusión sobre qué y cómo pagar se instaló entre los usuarios. 

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