“Nunca hubo grieta, hay un acuerdo general de castigar a todo aquel que se oponga a los planes del FMI”

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Lo dijo Daniel Ruiz, trabajador petrolero y militante del PSTU, que fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, junto a César Arakaki, militante del PO, que recibió una pena de tres y años y cuatro meses. Fueron condenados por las protestas realizadas en los alrededores del Congreso mientras se debatía la reforma previsional de 2017. Se los consideró coautores de lesiones en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, con el agravante de haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas

Compartimos relato de Daniel Ruiz, publicado por Revista Cítrica:
“Este fallo que me condena a mí a tres años y a César Arakaki a tres años y cuatro meses de prisión efectiva es un mensaje claro al Fondo Monetario Internacional para decirle que en Argentina hay seguridad jurídica y que acá se va a castigar a quienes se opongan a las medidas de ajuste.

Nosotros ya teníamos la sentencia desde el primer día. La condena que leyó el juez en tres minutos la tenía escrita hace dos años, cuando inició este juicio. Yo, que estuve detenido trece meses en el penal de Marcos Paz sin juicio previo, nunca tuve expectativa en que no me condenaran porque sabía que tenían que justificar esa detención y dar un ejemplo. En ese sentido, nunca hubo una grieta: hay un acuerdo general de las instituciones y todos los gobiernos, no importa de qué color sean, de castigar a todo aquel que se oponga a los planes del FMI.

Durante el juicio la fiscalía no presentó ninguna prueba concreta. Hicieron un montón de acusaciones que no se tomaron ni siquiera el trabajo de probarlas, y que fueron refutadas en los alegatos y en el propio juicio. El policía querellante se retiró del propio juicio desistiendo de la agresión, la Policía Federal presentó un informe diciendo que Daniel Ruiz manipulaba un elemento pirotécnico y cuando a mí me detienen, la fiscalía dice que Daniel Ruiz tenía en su poder un arma de fabricación casera.

Desde que me detuvieron hasta ayer, solicitamos conocer dónde está el peritaje de la fiscalía que corroboró que ese elemento pirotécnico se transformó en un arma de fabricación casera y no apareció nunca. Eso demuestra lo armado que estuvo todo con respecto a las pruebas. Y lo otro es que de los 114 testigos que hubo, el 95% los aportó la fiscalía y eran todos policías o miembros de la Defensoría del Pueblo. Nosotros presentamos 50 testigos y sólo nos aprobaron dos.

El argumento central que presentó el juez Javier Feliciano Ríos, titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3, es la intimidación pública y el atentado a la autoridad. Y aseguran que, producto de la situación de caos del 18 de diciembre de 2017, la población se vio atemorizada, al igual que los legisladores. Pero ese día la reforma laboral se votó, con lo cual la propia realidad demostró que no fue así.

Encima se intervinieron nuestros celulares y no hay llamadas cruzadas ni ese día ni días anteriores, con lo cual la reunión de más de tres personas que figura como imputación también se cayó, pero aun así el juez la siguió manteniendo, dejando en claro que el juicio fue una farsa y la sentencia se la dictaron los poderes de turno hace bastante tiempo.

Nosotros no sólo vamos a plantear la apelación en instancias superiores –Cámara de Casación, Corte Suprema de Justicia–, sino que si es necesario vamos a ir a los organismos internacionales como la OIT, porque somos trabajadores y se está condenando la protesta social; y a la CIDH, donde vamos a plantear las pruebas de lo viciado que estuvo este juicio. También, por supuesto, vamos a apelar a la movilización unitaria y conjunta para poder revertir el fallo, dado que lo que se está condenando es el derecho a la movilización y a defendernos de la represión policial.

En lo personal, estoy bastante contento por la unidad que se fue logrando en todo este tiempo con respecto a la causa. Ver tantas organizaciones que tienen diferentes posicionamientos políticos estar juntos durante todo este tiempo, nos va a servir a futuro. Es lo primero que se me vino a la cabeza cuando escuché la sentencia.

La clave central para revertir este fallo es que los trabajadores tomen en sus manos los problemas. Ya se está implementando la reforma laboral en muchos lugares, se quiere implementar en los yacimientos petroleros, empieza la represión a los movimientos sociales y en ese camino de unidad de las huelgas y los piquetes va a radicar revertir este fallo. En la medida que se presente como agenda del movimiento obrero el tema de la reforma laboral y que se pelee contra ello, es la clave para dar vuelta este fallo”.

El lunes 8 de noviembre, el trabajador petrolero y militante del PSTU Daniel Ruiz fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. También hubo condena para César Arakaki, militante del PO, con una pena de tres y años y cuatro meses en las mismas condiciones. Se los consideró coautores de lesiones en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, con el agravante de haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas

Es el coletazo judicial (en una causa con pruebas muy débiles) de la cacería que lanzó Patricia Bullrich después de la pueblada que se produjo en distintos puntos del país en diciembre de 2017, cuando el Congreso de la Nación aprobó la reforma previsional del macrismo. El epicentro del conflicto fue, justamente, la Plaza de los dos Congresos, donde la Policía reprimió ferozmente a miles de manifestantes (partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y gente de a pie) que salieron a la calle a protestar.

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