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Despacito, decretito a decretito

Ni la Ley Ómnibus momentáneamente fuera del Congreso, ni el DNU en vigencia, pero judicializado en algunos de sus artículos, frenan la maquinaria del presidente Javier Milei y su equipo que va de a poco modificando normas que apuntaban a beneficiar a sectores sociales que lejos están de ser “la casta”.  Red Eco Alternativo

(Red Eco) Argentina – El gobierno de Javier Milei avanza con la sanción de resoluciones y Decretos en el camino de ir ganando terreno para su proyecto de libre competencia y destrucción del rol socioeconómico del Estado.

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto del Poder Ejecutivo 193/2024 por medio del cual se modifica la distribución de la asignación específica del IMPUESTO PAIS.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (27541) sancionada en diciembre de 2019 por el entonces presidente Alberto Fernández, estableció este impuesto del 30% que grava ciertas operaciones (compra de moneda extranjera para ahorro, pago de bienes y servicios en moneda extranjera con tarjetas, compras con tarjetas de débito y crédito debitadas de cuentas en pesos)

Ese impuesto se asignaba (según el artículo 42de a ley) vía Poder Ejecutivo, de esta manera:

a) Financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social: y de las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados setenta por ciento (70%);

b) Financiamiento de obras de vivienda social: del fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana creado por la ley 27.453 y el decreto 819/2019, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional: treinta por ciento (30%).

Con el Decreto de Milei se baja la asignación de este último porcentaje destinado a obras de vivienda social, al 1%; a obras de infraestructura económica: 94 % y a fomento del turismo nacional 5 %

De esta manera se traslada una importante masa de dinero que podría ser aplicado a la construcción de vivienda social hacia un sector que abarca infraestructura de ingeniería, equipos e instalaciones de larga vida útil vinculadas a los sectores de energía, transporte, telecomunicaciones, agua y saneamiento, las cuales constituyen la base sobre la cual se prestan servicios para los sectores productivos y los hogares.

O sea, que el Estado desviará esos recursos al sector privado a costa de proyectos de viviendas sociales para los sectores necesitados.

También se publicó este lunes, la Resolución del Ministerio de Economía Secretaría de Comercio 75/2024. Por la misma se suman al Programa CUOTA SIMPLE bienes que son producidos fuera de nuestro país que podrán gozar de los mismos beneficios que los nacionales hasta fin de marzo.

Se trata de calzados escolares y artículos de librería que podrán ser adquiridos bajo la modalidad de TRES (3) y SEIS (6) cuotas.

Uno de los considerandos de esta resolución dice que persigue el como objetivo “diversificar la oferta de los artículos de librería y calzado escolar comercializados en el territorio nacional, generando un ámbito de competitividad y libre acceso de los consumidores a productos de calidad a través de un tipo de financiamiento conveniente”.

La historia argentina de los 90 muestra que el modelo económico que abrió el mercado en supuesta libre competencia entre producción nacional y extranjera, trajo aparejado el quiebre de miles de pequeñas empresas nacionales y no tan pequeñas. Esas son las consecuencias de la desregulación, del apartamiento del rol del Estado como árbitro en las relaciones económicas y sociales. No hay libertad de mercado o libre competencia. El fuerte se come al débil. La ley de mercado es la ley de la selva.

Imagen: Indymedia

 

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