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Jujuy: persecución y amenazas a una abuela indígena de Querusiyal

Una abuela indígena, de la comunidad Querusiyal de Tilcara, en la provincia de Jujuy, sufrió amenazas por parte de cuatro funcionarios del gobierno que ingresaron a la propiedad sin permiso, el pasado 12 de abril.

(Claudia Castro Tirina -Mink’a en la Eco) Jujuy - El hecho ocurrió en la tarde del martes, cuando dos policías y personal de vialidad irrumpieron en la propiedad de María Quispe, una abuela de la comunidad Querusiyal de Abra Chiquerito, para hacerle firmar bajo amenazas un permiso para la traza de un camino que atravesaría esa propiedad.

A partir de lo sucedido, la comunidad del Querusiyal hizo circular un comunicado en el que denuncian y rechazan los nuevos actos de violencia por parte del gobierno de Gerardo Morales.

En una entrevista radial para Originarios, Azucena Martínez, hija de María Quispe expresó que: “llegaron personal de vialidad, personal policial que eran de la seccional 14 a amenazar a mi mamá. Mi mamá estaba junto a su hijo discapacitado. Ellos estaban tranquilos viviendo ahí porque nosotros nos vamos al campo. Y ellos aprovecharon para llegar, amenazar y decirle que el camino va pasar, que ya estábamos todos notificados y que nos teníamos que retirar de ahí del lugar”.

Por otra parte, en un video que difundieron por redes sociales, María Quispe indicó que “estoy en mi pastoreo y el señor gobernador me atropella sin las leyes”, aludiendo a los hechos mencionados y a la petición de los papeles para la construcción del camino o de un diálogo entre las partes. 

Carlos Colque, presidente de la comunidad Querusiyal, remarcó que piden al estado hace más de tres años la Consulta Consentimiento Libre Previo e Informado, la cual está ratificado en la ley 24071 donde dice que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. A su vez, “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan”.

Sin embargo, Colque señala que “el estado no quiere cumplir, no quiere reconocer a la comunidad, y estamos en esa lucha. El camino se está haciendo. No es que estamos en contra del camino que puede ser un acceso, un camino carretero que vendría bien a la comunidad. Lo que pasa que, si lo hacen con violencia, sin cumplir todos los trámites burocráticos, es algo que está hecho de mala fé. No es algo que conviene a la comunidad”. Además, agregó que en la comunidad hay peritos mineros declarados bajo un decreto por el ex-gobernador Eduardo Alfredo Fellner en 2013, razón por la cual Colque señala que: “el camino, nosotros, como se está haciendo de esa manera, obviamente que lo pensamos que es una huella minera, no un camino carretero o una ruta. Por eso es que, como es huella minera el gobierno lo ha disfrazado de un proyecto educativo. Pero el camino no va a las escuelas porque pasa a 8 kilómetros de las escuelas rurales que hay en la zona. Es raro que un camino, un proyecto educativo no vaya a las escuelas y apunte al perito minero”, sentenció Carlos Colque.

La comunidad de 30 familias espera que se cumpla la Consulta y que puedan saber acerca del proyecto, además de los estudios de impacto ambiental, algo que hasta el momento no ha sido presentado, según destacó Colque. “No hay ningún papel de la ruta, nada. Ni planos. Lo están haciendo así de prepo, aprovechando que acá en Jujuy no se respeta el derecho indígena, no se respeta la Constitución Nacional”.

Antecedentes

Cabe destacar que los hechos de violencia del 12 de abril no son los únicos que han ocurrido. El pasado 26 de marzo, la comunidad y principalmente la familia Martínez sufrió vandalismo, robo y la destrucción de una waka (lugar donde se realiza la ceremonia de la Pachamama), por parte de una banda de 80 personas aproximadamente.

El hecho fue denunciado a través de una carta dirigida al gobernador Gerardo Morales, donde explican la persecución que sienten al no poder ni siquiera realizar sus actividades comunitarias.

Además, en la carta recalcaron que: “otra banda liderada por funcionarios de su gobierno (Humberto López, el presidente de vialidad y la policía intercultural) más el intendente Ricardo Romero de Tilcara y el concejal Rueda, mataron cuarenta ovejas y agredieron a los comunarios”. A pesar de la denuncia en la comisaría, seccional 14 de Tilcara, “la justicia nunca se expidió ni se nos ha notificado sobre alguna resolución” remarcó a un medio Colque.

En la carta expresan que “se intenta hacer un camino fuera de la ley con el uso de la violencia estatal delictual verbal, física, psíquica, no solo con nosotros, sino también con nuestros animales, y, ahora nuestros lugares espirituales”, y amplía “sabemos que el uso de violencia garantiza en muchas comunidades el despojo de las familias de pastoreo y/o agricultores indígenas en toda la provincia de Jujuy”.

 

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