Red Eco Alternativo ***

Complejo Industrial de Bunge Ramallo tuvo que dar marcha atrás a despidos

La empresa Bunge SA instalada en el Complejo Industrial de Ramallo emitió, el 25 de julio, 84 telegramas de despido. Esta medida fue frenada mediante conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo bonaerense, luego de que decenas de trabajadores y delegados gremiales realizaran un acampe en el predio de Bunge acompañados por la mayoría de los concejales locales que allí realizaron una sesión de urgencia.

El intendente presentó un proyecto de ordenanza que quintuplicaría la tasa de Seguridad e Higiene –los grandes contribuyentes pagan esa tasa por cada trabajador activo- por cada despido injustificado.

Mientras se iban enterando, los trabajadores que no resultaron despedidos se solidarizaron con el resto y organizaron un acampe en la misma sede de la planta exigiendo una inmediata explicación a la empresa.

Autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia convocaron a los delegados gremiales a una reunión de urgencia en la que finalmente se resolvió el dictado de la conciliación obligatoria. De allí que durante los próximos quince días los despedidos seguirán en sus tareas, quedando sin efecto la prohibición de ingreso a la planta.

El concejal del FPV-Unidad Ciudadana Elvio Zanazzi señaló que, tras enterarse de la medida de Bunge SA, todos los bloques de concejales coincidieron en emitir una resolución conjunta repudiando los despidos y convocaron a una sesión especial que se realizaría en el predio de la planta cerealera donde los trabajadores ya realizaban el acampe.

El gobierno municipal, por su parte, elevó rápidamente al cuerpo legislativo un proyecto de ordenanza con el objetivo de modificar la normativa fiscal para el cálculo de la tasa de Seguridad e Higiene que pagan los grandes contribuyentes.

“Esa tasa se calcula en base a la cantidad de trabajadores de una empresa y se actualiza tomando como referencia la paritaria del salario básico de un empleado municipal. La propuesta de esta reforma de ordenanza implica que, por cada trabajador despedido, las empresas tengan que pagar 5 veces más la tasa correspondiente a un trabajador en actividad”, explicó Zanazzi.

“De resultar aprobada, servirá para que no se extiendan los despidos en el distrito y, además, para la conformación de un fondo de emergencia con el cual el municipio pueda acompañar a quienes buscan trabajo”, agregó.

Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, emitieron un comunicado en el que señalan que “la patronal intenta justificar su accionar ilegal en una supuesta crisis que estaría atravesando la empresa, sin embargo Bunge no ha realizado el correspondiente Procedimiento Preventivo de Crisis”.

“No hay justificación para las medidas que ha tomado Bunge al margen de la ley y hacemos responsable de forma exclusiva a la patronal de cualquier daño, perjuicio o consecuencia que su irresponsable accionar pueda provocar en la salud y vida de los trabajadores y las instalaciones de la planta”, agregaron.

Actualmente trabajan en la terminal de Ramallo 160 aceiteros, además de 150 trabajadores químicos dedicados al procesamiento y producción de aceite crudo.

Bunge es una de las empresas más grandes del sector agroexportador de Argentina, y ha pasado de facturar 23.530 millones de pesos en el año 2014 a 46.033 millones en 2017, prácticamente el doble en tres años.

 

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