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La Matanza: Vecinxs del Barrio La Nueva Unión se organiza tras orden de desalojo

Lxs vecinxs del barrio La Nueva Unión luchan desde hace 2 años el derecho a la tierra y vivienda. Solicitan una mesa de diálogo con el gobierno municipal y provincial para que les entreguen los terrenos que recuperaron tras el trabajo comunitario. Sin embargo, el 23 de marzo, la justicia ratifica la orden de desalojo (aún sin fecha) contra las familias que habitan en el barrio ubicado en Rafael Castillo, La Matanza. Por Laki Quispe – TeleSISA Comunicación con identidad.

El barrio La Nueva Unión es uno de los barrios de tierras recuperadas más grandes de la zona junto al del 23 de agosto de González Catán, asimismo los más abandonados por el gobierno municipal de Espinosa. Alli funcionan cerca de 10 comedores comunitarios, una red de iluminación, sectores con pozos de agua potable, emprendimientos económicos, diversas actividades para gestionar tareas de limpieza, saneamiento, urbanización y mantenimiento. Además se formó la comisión de mujeres tras los reclamos de madres solteras y víctimas de la violencia de género.

A lo largo de estos años fueron diversas las acciones que lxs vecinxs realizaron, como cortes y movilizaciones, asimismo soportando hostigamiento por parte de la policía. Sin embargo aún no hubo respuesta favorable por parte los funcionarios. Por otro lado, la justicia responde a favor de quien se adjudica dueño del predio, el presidente de Cerámicas Martin S.A Pablo Martin Lozano.

La primera orden de desalojo fue anunciada el pasado 10 de diciembre a cargo del Juez Ochipinti, sobre la cual la defensa apeló, pero fue rechazada por la cámara de apelación y garantías en lo penal del departamento judicial de La Matanza.

A fines del 2021 lxs vecinxs consiguieron a través de un corte de la rotonda de San Justo una mesa de diálogo con los funcionarios de hábitat del municipio y provincia, quienes prometieron realizar un censo en las primeras semanas de enero, sin embargo aún no se hizo. Sobre ese censo, lxs vecinxs acordaron que tenía que ser “controlado” por organizaciones de derechos humanos, como el Serpaj y Ceprodh, entre otras.

Ante el incumplimiento de la entrega de lotes, y la amenaza de la orden del desalojo lxs vecinxs se organizan en asambleas generando los consensos para nuevas acciones en reclamo del derecho a la tierra y a la vivienda.

 

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