Denuncian la muerte de dos niñas por agrotóxicos en Paraguay
(Noticias PIA) Paraguay - Las organizaciones campesinas del país suramericano exigieron al gobierno de Horacio Cartes el cese del empleo de agrotóxicos y del avance de la frontera de los agrocultivos que golpea a centenares de personas: intoxicaciones masivas, alergias, abortos espontáneos y contaminación de cursos de agua y animales. Las hermanas Adelaida (3 años) y Adela (6 meses) Alvarez Cabrera, fallecieron esta semana en el asentamiento Huber Duré, una zona rodeada por sojales ubicada a 70 kilómetros de Curuguaty.
“Adelaida murió repentinamente ayer (lunes) a la mañana en su casa mientras su familia se preparaba para llevarla al hospital, y Adela falleció esta madrugada (martes), tras ser dada de alta en el Hospital de Curuguaty porque según los médicos “no tenía nada”. De regreso a su casa, volvió a tener fiebre y vómitos y en pocas horas falleció”, indicaron desde la FNC, tras señalar que la causa son los agrotóxicos empleados en la fumigación aérea de las plantaciones de soja.
“Otras tres criaturas siguen internadas en estado delicado en el Hospital de Curuguaty, y 15 adultos y 18 menores de la comunidad siguen con los mismos síntomas”, agregaron al exigir al Gobierno de Horacio Cartes una investigación. Hasta el momento, el Ministro de Salud Pública de Paraguay, Antonio Barrios, anunció que conformará un equipo multidisciplinario para determinar la causa de las muertes de las niñas.
No obstante, en Huber Duré denuncian hace años casos de intoxicaciones masivas, abortos espontáneos, dolores de cabeza, mareos, alergias, vómitos, y muerte repentina de animales, escenas que se reproducen en Canindeyú y San Pedro, zonas de plantación extensiva de soja.
Ambas regiones comparten otra característica: la resistencia de las comunidades campesinas contra los agrotóxicos, en particular, y contra el avance de la frontera de los agronegocios focalizados en la soja.
En Canindeyú falleció en el 2011 el agricultor Rubén Portillo, luego de una intoxicación que afectó a más de 20 personas. La denuncia contra el Estado fue presentada el año pasado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “La reacción del Estado ante esta situación es tardía, incompleta y parcial, frente a un fenómeno estructural masivo, que se da en condiciones totalmente ilegales”, sostuvo el abogado Hugo Valiente sobre el caso Huber Duré, reprodujo E´a.
El magistrado explicó que el caso de Portillo se hizo público cuando la directora del hospital de Curuguaty hizo la denuncia. Luego del golpe contra Fernando Lugo, fue relevada de su cargo y los registros del nosocomio fueron eliminados.
“Desde el sistema de salud son totalmente cómplices con los sojeros, negando, minimizando el hecho de la intoxicación, cuando deberían partir de esa hipótesis, porque tiene todas las características de un caso de intoxicación con agrotóxicos”, explicó Valiente.
De acuerdo a la FNC, las fumigaciones se realizan de modo “ilegal” al violar la Ley 3742 de Control de Productos Fitosanitarios, que en su artículo 68, inciso a, establece la obligación de “una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento con productos fitosanitarios y todo asentamiento humano, centros educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas y otros lugares de concurrencia pública para los plaguicidas de uso agrícola”. En caso de aplicaciones aéreas, la franja de protección debe ser de 200 metros.
La denuncia de los campesinos es extensiva al modelo de agronegocios que crece en Paraguay en beneficio de las multinacionales y a costa del desplazamiento de centenares de personas: alrededor del 85 por ciento de las tierras paraguayas se encuentran en manos de un 2,6 por ciento de propietarios vinculados a agronegocios. El Banco Central informó la salida de unas 1.296.735 toneladas de soja entre enero y febrero, frente a las 860.641 toneladas enviadas en el mismo periodo del 2013.