El miércoles 6 de mayo se realizó el “Foro participativo de consulta pública sobre la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” en la Universidad de Buenos Aires.
Durante el desarrollo de este Foro las posiciones de los expositores transitaron por tres carriles bien definidos. Los que defendieron el proyecto como un paquete cerrado que no está sujeto a ningún tipo de crítica (yendo más allá, incluso, de la propia convocatoria del gobierno a que este “borrador” sea “enriquecido, corregido y mejorado”), aquellos que lo descalificaron sin ningún tipo de propuesta (con el argumento de que es parte de la política de este gobierno) y quienes, asumiendo que venimos desde hace años pidiendo una nueva ley, presentamos todas las críticas que alcanzamos a elaborar luego de su lectura, conjuntamente con propuestas.
El proyecto presentado por el gobierno, de ser aprobado, será también de los gobiernos que le sucedan. Por eso lo debatimos y proponemos modificaciones; porque no nos es indistinto cualquier proyecto; como tampoco que se siga con la actual legislación que ha sido manipulada y violada durante todos los gobiernos post dictadura.
Quienes nos vienen gobernando, no nos han garantizado nunca nada por motus propio. Todo se ha logrado a través de la lucha y la organización. No creemos que deba esperarse a que se nos garantice el derecho a la libertad de expresión y a la construcción de una comunicación popular, sin batallar constantemente por esto. Y meterse en este debate es una batalla más; ni la única ni la última. Solo una más.
Quizás por eso en casi todas las intervenciones escuchadas, más allá de los intereses particulares que defendieron, se remarcó que la participación y la movilización popular será la garantía, no solo de que se pueda parir una nueva ley verdaderamente democrática y plural, sino que la misma se ponga en práctica y no quede, como en muchos casos, en letra muerta.
Desde la regional Buenos Aires de la Red Nacional de Medios Alternativos se decidió participar en esta instancia con un documento conjunto y con intervenciones individualizadas por cada colectivo de comunicación. El objetivo era poder ampliar los aportes de acuerdo a los intereses propios de cada medio.
A su vez, más allá de las contribuciones de los integrantes de la RNMA se pudieron escuchar una cantidad de intervenciones que mostraban gran afinidad en los planteos.
En general estas exposiciones comenzaron con críticas, desconfianza e incertidumbre respecto de los términos en que se planteó este espacio de intervención pública.
En primer lugar, se formuló que la importancia de este proyecto, hubiese requerido de un debate público y participativo. La modalidad de los foros convocados desde el gobierno (más allá de que los encuentros configuran simplemente actos políticos) permite, en el mejor de los casos, exponer propuestas pero no abrir el debate. A su vez, sólo se podrán conocer las modificaciones realizadas al proyecto (en el caso de que así suceda), cuando éste se presente en el Congreso Nacional, lo que no permite saber qué se tendrá en cuenta de los aportes realizados durante los Foros.
Por eso corresponde a las diversas organizaciones, grupos y medios que presentaron modificaciones al articulado de la propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estar presentes cuando se debata en comisiones del Congreso dicho proyecto de ley.
También se señaló la falacia que encierra plantear este proyecto desde la dicotomía dictadura – democracia.
Los defensores del proyecto vienen planteando que ésta será una Ley de la democracia, en oposición a la actual legislación (decreto Ley 22.285) que fue sancionada durante la última dictadura militar.
Esta operación discursiva obtura cualquier tipo de posicionamiento crítico, porque cuestionar esta ley, implicaría defender la actual legislación, o a la dictadura.
Fueron muchas las intervenciones que salieron al cruce de esta maniobra. Varios oradores coincidieron en destacar que la ley 22.285 fue modificada y empeorada durante los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura; cambios que permitieron, acentuaron y consolidaron el modelo actual conformado por grandes multimedios, la penalización de las radios comunitarias, alternativas y populares y la monopolización de la información.
Más allá del proyecto de ley, se cuestionó hablar de gobierno de los derechos humanos cuando en lo que va del año se calcula que hay por mes alrededor de 16 casos de gatillo fácil, asesinatos en cárceles y comisarías y desapariciones (como las de Jorge Julio López y Luciano Arruga).
Por otro lado, se planteó que si bien los impulsores de la ley plantean la promoción del pluralismo en el acceso a los medios y a las licencias y manifiestan que la norma impedirá la formación de monopolios, el actual proyecto es poco contundente a tales fines, y la limitación del poder de las corporaciones mediáticas queda reducida a una mera cuestión formal.
Por ejemplo, se establece un límite nacional de 10 licencias por prestador para servicios de radiodifusión abierta y hasta 24 por cable, lo que resulta es insuficiente para acabar con el monopolio de los grandes medios.
En este mismo sentido, las intervenciones apuntaron a la contradicción que implica no derogar el decreto 527/05 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner que suspendió por diez años los términos de los plazos en las licencias adjudicadas, beneficiando a los mismos grupos económicos cuyo poder pretende limitar la futura nueva legislación.
No derogar el mencionado decreto implicará que de ser aprobado el proyecto, no podrá tener efectos en la práctica concreta, en muchos casos, por lo menos hasta dentro de 10 años o más.
Por último, y con respecto a los medios alternativos, populares y comunitarios, muchas fueron las intervenciones que plantearon que no estamos contemplados como sector sino que quedamos diluidos en la figura de “entidades privadas sin fines de lucro”. Nuestros medios son mucho más que eso. Somos organizaciones que cumplimos un rol político-social y cultural fundamental dentro de las comunidades y los sectores en que desplegamos nuestra tarea. Es necesario que la nueva ley nos defina como actores con características, necesidades y responsabilidades específicas, y apoyo legal, técnico y económico diferenciado.
También se llamó la atención sobre la importancia que tiene el proceso de reglamentación de esta norma, una vez convertida en ley del Congreso. Y se remarcó que para que la reglamentación no desvirtúe el contenido del proyecto es imprescindible que el texto del mismo sea lo más claro y preciso posible respecto a sus definiciones y conceptos para que la interpretación de la ley sea clara.
Además se propuso que el proceso de debate y definición del reglamento que finalmente firmará el Ejecutivo, sea puesto en discusión y abierto a la participación de los actores sociales interesados.
A continuación transcribimos las intervenciones que consideramos más destacadas de esta jornada realizada el 6 de mayo pasado en la Universidad de Buenos Aires |
