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Córdoba: “Es una condena ejemplar”, dijo la abogada querellante

Raúl Costa fue condenado por autorizar un proyecto inmobiliario a la empresa GAMA en San Antonio de Arredondo, sin audiencia pública ni estudio de impacto ambiental. La abogada querellante dijo que espera que la sentencia “marque un antes y un después”

En un juicio con jurados populares llevado a cabo en la Cámara 10° del Crimen de Córdoba condenaron por unanimidad al villamariense Raúl Costa por autorizar emprendimientos inmobiliarios en zonas consideradas “rojas” por la Ley de Bosques, mientras se desempeñaba como secretario de Ambiente de la Provincia.

La pena, que es la que había pedido el fiscal Gustavo Dalma, fue de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años. 

Aunque, cabe señalar, el fallo no está firme, dado que Costa tiene la opción de recurrir esa sentencia, lo que seguramente analizará con su abogado defensor, Darío Vezzaro.

El delito por el que llegó acusado es el de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La denuncia que inició la investigación fue presentada hace una década por Juan Carlos Ferrero, uno de los fundadores de Adarsa (Asociación de Amigos del Río San Antonio).

Precisamente, en la localidad de San Antonio de Arredondo, ubicada a la vera del río, es donde el entonces secretario de Ambiente autorizó a la empresa GAMA a construir el proyecto inmobiliario  denominado El Dorado II, ubicado dentro del área de la reserva Valle del Cóndor, que es considerada zona de conservación de bosque nativo. A la par,  también autorizó a EPEC a realizar una estación transformadora en un terreno donado por GAMA, dado que, en definitiva, iba a proveer de energía eléctrica a ese nuevo barrio cerrado.

Los denunciantes argumentaron que el área donde se iba a construir era una zona protegida por la Ley de Bosques y que, además, no se siguió la normativa establecida por ley nacional que fija los presupuestos mínimos antes de una urbanización de este tipo. En esos presupuestos mínimos está la realización de una audiencia pública y el estudio previo de impacto ambiental.

Esas autorizaciones fueron en el año 2010 y Costa fue secretario de Ambiente entre 2007 y 2011. Actualmente, el villamariense es síndico de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, que depende del Estado provincial.

La querella

La abogada Marcela Fernández representó legalmente a Ferrero, el denunciante.

En diálogo con El Diario, la letrada señaló que su patrocinado “es doctor en Geología e ingeniero químico”. “Fue uno de los fundadores de la ONG Adarsa, que tiene más de 20 años de existencia y trabajo educativo en Punilla. En su momento, conjuntamente con otros vecinos, lograron frenar un dique que iba a deteriorar el río San Antonio”, agregó.

“Es un reconocido luchador, referente incansable en muchas peleas ambientales de Punilla, que hoy, al escuchar la sentencia, se vio desbordado de emoción”.

Sobre la sentencia condenatoria dijo que espera “que marque un antes y un después en estos gobiernos que creen que pueden violar una ley y no pasa nada. En el caso de Costa, al que el jurado popular encontró culpable, incumplió normas de carácter ambiental que vulneraron el derecho a la participación de la ciudadanía y permitieron el desmonte de bosques protegidos para beneficiar a una empresa privada. Fue una condena ejemplar que les cabe también a otros funcionarios que han ocupado ese mismo cargo y dudamos que hayan cumplido las normas, a juzgar por la situación ambiental de la provincia”.

Recordó también que el exfuncionario tiene una causa pendiente. “Es muy similar a esta, porque se investiga la autorización de un emprendimiento en zona roja para la empresa Ticupil”. A esa causa la está trabajando el abogado Juan Smith “y aún se encuentra en período de instrucción en la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que ambas causas se iniciaron hace muchos años”, concluyó.

Fuente: eldiariocba.com.ar

 

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