Director de Migraciones de Bolivia y actitud de Añez estigmatiza trabajadores migrantes
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- Categoría: Bolivia
- Publicado: Miércoles 08 de Abril de 2020
La crisis sanitaria desatada por el Covid-19 en Bolivia pone de manifiesto que para el actual gobierno boliviano existen diferentes formas de tratar a sus ciudadanos,, A los que llegan en colectivos por las fronteras de la Argentina, Brasil, Perú o Chile no se les autoriza el ingreso, pero desde que por decreto supremo se cerraron las fronteras, la Cancillería no tiene inconvenientes en autorizar “vuelos humanitarios” para repatriar a ciudadanos bolivianos desde Miami, Europa o Chile para repatriar a Jacqueline Mercedes Murillo Prijic (hermana del ministro Arturo Murillo) y a la periodista Ximena Galarza.
(Noelia Carrazana - Red Eco) Bolivia - Este miércoles el director de Migración, Marcel Rivas, manifestó en el canal Red Uno que se iniciarán acciones legales contra 33 ciudadanos, quienes tienen militancia política y están inscriptos en el MAS, acusados de generar violencia en el campamento instalado en Pisiga, en Oruro. “Ya iniciamos las acciones legales hoy contra dos ciudadanos que fueron procesados penalmente (…), en la tarde salió una sentencia de tres años en contra de los dos, quienes han declarado quiénes son los cómplices y, en base a ese trabajo del Ministerio Público, iniciaremos acciones legales contra 33 ciudadanos que están en el centro de cuarentena. Ya los tenemos identificados”. Mientras que en un comunicado desde el mismo campamento, se indica que no hay, hasta el momento, ningún detenido de la forma que indica el funcionario.
En la misma línea en horas de la tarde, nuevamente el ministro de gobierno Arturo Murillo en conferencia de prensa indico que “hoy existen 35 sentenciados por el intento de desestabilización en el marco de esta emergencia sanitaria, esto en juicios abreviados”. Allí también expresó que “como ovejitas, el MAS mandó a los cocaleros a llevar bananos o fruta para parecer buenos, pero que todos sabemos que son lobos”. Todas estas declaraciones fueron expresadas en los medios de comunicación sin ninguna prueba real de estas expresiones denigrantes hacia los ciudadanos que tengan alguna afinidad al MAS.
El día lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, el director de Migraciones del actual Gobierno de facto de Bolivia, declaró y repitió varias veces que “ciudadanos bolivianos, que son cuadros políticos del Movimiento al Socialismo (MAS) quieren generar caos, romper la cuarentena en Oruro. Desde Chile, quieren desestabilizar el país y romper la cuarentena de los once millones de bolivianos”. Como prueba de su tesis, indicó “¿cómo pueden explicar que vienen de diferentes regiones de Chile y se hayan encontrado en un lugar (frontera) y tienen celulares chilenos?.El funcionario, sin ningún tapujo, volvió a repetir la misma frase en los seis minutos de entrevista, por lo menos, cuatro o cinco veces para que quede claro al televidente que los Masistas quieren romper la cuarentena y que están financiados para destruir la cuarentena de toda Bolivia comenzando por Oruro.
Dice la creencia popular que fue Paul Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, quien dijo: “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. No existe ninguna constancia que lo haya expresado exactamente de esa manera, aunque, en varios de sus escritos y discursos, habla de la forma de mantener siempre un solo concepto y difundirlo y repetirlo constantemente. Lo cierto es que este método, llevado adelante a través de los medios de comunicación de masas, ha resultado sumamente efectivo. No sabemos si las autoridades de facto conocen las técnicas de manipulación de la población a través de los medios de comunicación, pero, claramente, se ve la intencionalidad de relacionar el masismo con el conflicto, en este momento, de emergencia sanitaria que vive Bolivia por el Covid-19.
Para la Asamblea de Derechos Humanos del Alto, quienes están en permanente comunicación con algunas de las personas que fueron trasladadas a Pisiga, el artículo 21 de la Constitución Nacional indica que todo ciudadano boliviano tiene derecho a la libertad de residencia, circulación, y ello incluye la entrada y salida del país. Este artículo constitucional no queda anulado por el decreto supremo que firmó la Sra. Jeanine Añez sobre el cierre de fronteras”. Desde la Asamblea, continúan explicando: “respecto de la estigmatización de la población, diciendo que son masistas, es una actitud xenófoba y racista porque toda persona puede profesar una religión, posición ideológica o partido político. El ministro López dijo que todos los que estaban regresando se habían ido de vacaciones y no es así, la mayoría son trabajadores eventuales, frutihortícolas, carpinteros, albañiles, trabajadoras de casa o textiles; por la cuarentena ya no hay trabajo, por lo tanto, regresan los hermanos”.
“El racismo y xenofobia que se evidencia en las decisiones del Gobierno de Jeanine Añez queda en evidencia, ya que para los ciudadanos de clase media o alta existe autorización desde el Estado a los “vuelos humanitarios” de Europa, Chile o Miami, y a esas personas no se las estigmatiza. Aquí el director de Migraciones no observa la entrada de estas personas, pero sí cuestiona la entrada de estas personas que son pobres y humildes de “masistas”. El gobierno increpo como personas amenazantes a todos los extranjeros que ingresaron con Covid-19 por avión, porque la mayoría de los que contagios externos fueron por personas que ingresaron en líneas aéreas”, denuncian desde la Asamblea del Alto.
Esta noticia trascendió el día martes y cuando se le preguntó al director de Migraciones, sostuvo “muchos de los que llegaron de Santiago son personas que necesitan retornar al país para ver a sus padres”, a lo cual habría que preguntarse si los otros migrantes de a pie no tienen ese mismo derecho. Observando los medios de comunicación de Bolivia, la gran mayoría tiene una línea de pasividad ante estas contradicciones o violaciones a los derechos humanos de sus propios compatriotas más humildes. Estos sectores populares se usan como chivo expiatorio, se los deshumaniza, se los trata como “salvajes” (siguiendo la línea de la presidenta quien denominó así a este sector de la población los primeros días de enero). Al igual que en Ecuador, donde se culpa a el expresidente Rafael Correa por estar generando conflicto mientras se ignora la verdadera situación de emergencia sanitaria.
La pesadilla de querer volver a su país
Los protocolos que indica la OMS no se están cumpliendo en el Campamento de Pisiga Tata Santiago, ya que están entre ocho a catorce personas en cada una de las treinta carpas que se habilitaron para los migrantes. María Galindo, feminista boliviana ofreció una casa para albergar a las catorce mujeres embarazadas, dos de las cuales tienen riego de perder sus embarazos, y, desde el Estado, se negaron a trasladar a estas mujeres. Luego de esta negación, Galindo sostuvo que el Gobierno de Añez montó un “campo de concentración nazi para cuarentena”.
Estas personas están prácticamente presas, ya que el ejército secuestró su documentación, sumado que en esta región de Oruro, el frío es insoportable, “es como si las autoridades del Gobierno nos hubieran castigado por algún delito que no hemos cometido.” Dice una mujer en uno de sus audios: “las raciones que nos dan son muy escasas,;tenemos hambre, el dolor de cabeza y de estómago son los síntomas que más sufrimos y los que sufren aún más son los niños y las niñas, las madres, las mujeres embarazadas. Si seguimos con esta situación, no vamos a poder aguantar.”
Además, explica que los pequeños ya están presentando síntomas de tos y resfrío. Los médicos ayer les dieron vitamina A, pero la alimentación es escasa, ¿qué cuerpo va a resistir? En las fotos que circularon se ve a hombres y a mujeres cocinando de cuclillas en el piso, algo que no cumple con ningún protocolo de salubridad.
Son casi quinientas personas entre mujeres embarazadas, ancianos y niños que están a merced de las políticas racistas y en violación a los derechos humanos. Su delito es querer volver a su país luego de que los dejaran sin trabajo. La mayoría son cosechadores frutihortícolas o empleadas de talleres textiles que llegaron a la frontera hace más de doce días y se encontraron con un Gobierno que no les permitía el ingreso a su patria. Estuvieron a la intemperie hasta que vecinos de Huara y el ejército chileno les dieron comida y carpas e hicieron la denuncia internacional y pedido de reflexión para que la presidenta Jeanine Añez les autorice el ingreso a Bolivia.
Hoy hace cuatro días que estas personas siguen viviendo una pesadilla. Desde la frontera, se los trasladó a un campamento improvisado a la localidad de Pisiga, departamento de Oruro. Allí el clima es extremadamente frío y, desde el gobierno, solo se les dio alrededor de treinta carpas, o sea, entre ocho a catorce personas por carpa, seis colchones de una plaza por carpa, una frazada por persona en un clima donde las temperaturas en la noche llegan a los 3 °C. El campamento cuenta con veinte baños, donde no hay papel higiénico, basurero o agua corriente.
