Red Eco Alternativo ***

La vida por la tierra

Perú, Colombia y México son unas de las regiones más peligrosas para los líderes que luchan por sus tierras.

(Telesur) América del Sur - El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, y ha sido la mejor ocasión para la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un instrumento legal que busca proveer herramientas a los defensores del medio ambiente en América Latina, la región más peligrosa del mundo para ejercer este derecho.

La lucha de los dolientes por la tierra es cruenta y no siempre termina bien. Tal fue el caso de Isidro Baldenegro, un reconocido líder ecologista mexicano, premio Goldman, el llamado Nobel Verde, en el 2005, quien luego de recibir muchas amenazas, fue impactado con seis balazos, su crimen: la defensa del bosque, la preservación de las tierras ancestrales de su comunidad tarahumara, un grupo indígena de Chihuaha, al norte de México.

En realidad, fue el segundo líder ambientalista, ganador de un Goldman, asesinado en menos de un año, pues, la ecologista Berta Cáceres también fue atacada por varios hombres quienes terminaron con su vida. En el caso de Cáceres, ella había movilizado al pueblo de Honduras para detener los planes de construcción de una presa.

De acuerdo con el observatorio británico Global Witness, América Latina es la región más mortífera del mundo para luchar por los derechos ambientales; del total de los asesinatos a ecologistas en el mundo, un 66 % se producen en esta región. Treinta y tres de esas muertes fueron en México.

Las comunidades latinas que se han opuesto a la minería, a los negocios agrícolas, al sector energético o a los intereses forestales, para resguardar sus tierras, han recibido los embates más fuertes.

Una entrada en vigor teñida de sangre

Pese a ser un motivo de celebración, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú estuvo teñido de dolor y sangre, pues, en Colombia perdía la vida la gobernadora de la Laguna Siberia Caldono, Sandra Liliana Peña Chocué.

Estos hechos agudizan la emergencia para que los defensores medioambientales cuenten con herramientas que le garanticen el acceso a la información ambiental, la participación en la toma de decisiones y el poder acceder a la justicia para que se cumplan las leyes ambientales en Latinoamérica.

De acuerdo con Alicia Bárcena, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): “El tratado recoge obligaciones en tres ámbitos diferentes: una dimensión sistémica, garantizando entornos seguros y propicios para la defensa ambiental y dos sub-ámbitos específicos, por un lado, de prevención y protección para evitar que las violaciones ocurran y, por otro, de reacción o respuesta si no se han podido evitar, tal como la investigación y la sanción”.

José Gregorio Díaz Mirabal, el Coordinador General de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), explicó que: “En un contexto de impunidad de asesinatos de nuestros defensores y defensoras indígenas, nos parece importante contar con un tratado internacional que obligue a los Estados de la Cuenca Amazónica a adoptar y aplicar leyes que garanticen una investigación oportuna e imparcial cuando se vulneren nuestros derechos”.

Aunado a ello, la abogada afrodescendiente colombiana, Laura Serna, acotó que dicho acuerdo: “Es una herramienta muy importante para la protección de sus vidas, pero se requieren muchos más instrumentos”. Por ello, Carmen Capriles, quien forma parte de la organización boliviana Reacción Climática, ha aseverado que la entrada en vigor del Tratado “no garantiza detener los asesinatos de defensores y líderes ambientales”, no obstante: “esperamos frenar la tendencia y que se reduzcan drásticamente estos asesinatos, mientras se garantiza a todos los defensores sus derechos humanos, sin discriminación”.

Actualmente, Perú, Colombia y México son unas de las regiones más peligrosas para los líderes que luchan por sus tierras, “tierra, madre tierra, dulce madre dolida”, como la catalogó Alegría.

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