Veinte empresas agroalimentarias, 53.500 millones en dividendos
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- Categoría: Mundo
- Publicado: Martes 28 de Febrero de 2023
En solo dos años, 2020 y 2021, las principales empresas agroalimentarias internacionales de los sectores del cereal, carne, lácteos y fertilizantes han disparado sus beneficios mientras se elevaban los precios de los alimentos y la tasa mundial de hambruna.
En 2020 y 2021, las 20 empresas agroalimentarias internacionales más grandes que pertenecen a los sectores del cereal, de los fertilizantes, de la carne y de los productos lácteos distribuyeron alrededor de 53.500 millones de dólares al accionariado, advierte el estudio de Greenpeace Injusticia alimentaria: sin control, sin regulación y sin rendir cuentas. ¿Quiénes se benefician del hambre? La estimación se ha basado en los datos públicos de las empresas y la organización alerta de que “estos beneficios no hacen más que aumentar”. Los datos incluyen el impacto de la crisis sanitaria del la Covid-19 y de la cadena de suministros. Para la guerra en Ucrania augura un impacto similar (más beneficios empresariales, más hambruna en el mundo).
Las conclusiones del estudio recuerdan la necesidad de “empoderar a las personas consumidoras y, especialmente, a quienes producen los alimentos”, en detrimento de un neoliberalismo que favorece la adquisición de empresas pequeñas por parte de las grandes y la especulación bancaria del mercado de futuros de materias primas —también advierten de la opacidad de las cifras de alimentos almacenados—.
A raíz de la pandemia, el índice de precios de los alimentos de la FAO de productos cárnicos, lácteos, cereales, aceites y azúcar se disparó, lo que tuvo como consecuencia un aumento de más de 150 millones de personas en la tasa mundial de hambre de 2021, respecto a la de 2019. La tasa se había mantenido casi invariable desde 2015, pero con el covid aumentó del 8 al 9,8% en 2021 —pasa hambre el 20% de la población africana; el 9% de la sudamericana, y el 2,5% de la europea y norteamericana—.
Greenpeace insiste en que el “comercio mundial de alimentos debe coexistir con cadenas alimentarias más cortas y sencillas: devolver el poder a quienes cultivan la tierra para que puedan vender sus productos directamente al consumidor, en lugar de hacerlo a través de poderosas empresas que actúan como intermediarias y se llevan una enorme tajada del beneficio”.
Su batería de soluciones pasan por considerar los alimentos como un bien común y garantizar el derecho a una alimentación sana, que los gobiernos fomenten la protección laboral de los trabajadores agrarios y garanticen unos ingresos dignos al campesinado, medidas de relocalización, un IVA más bajo para los alimentos que cumplan determinados criterios —locales, ecológicos—, gravar los beneficios extraordinarios de las empresas durante las crisis con un impuesto “ambicioso” para todo el sector, frenar la fluctuación de precios y que los gobiernos intervengan de “forma rápida” imponiendo paros comerciales, así como un impuesto único y solidario sobre el patrimonio del 1% de las personas con los ingresos más altos.
Topar la cesta de la compra
Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha transmitido al PSOE su “máxima preocupación” por los últimos datos del IPC. El departamento liderado por la ministra Ione Belarra estima que, “si no se toman medidas adicionales, la inflación podría mantenerse en el entorno del 5-6%, sin que continúe la tendencia descendente”.
Derechos Sociales considera urgente topar o bonificar los precios de la cesta de la compra, ya que la bajada del IVA “ha supuesto un fracaso”. Además, recuerda que hace más de un mes se remitió al socio de Gobierno una propuesta para limitar los precios de una cesta básica —como se hizo con el gas y las mascarillas— y que han transcurrido también más de dos semanas desde que se hizo llegar a los socialistas una propuesta alternativa para bonificar un 14% productos como carnes, pescados, frutas y lácteos (como ya se hizo con los carburantes).
El ministerio subraya que la intervención en el mercado con medidas como el tope al gas o la limitación de la revalorización de los alquileres, que inicialmente tampoco obtuvieron respuesta por parte del PSOE, han sido “determinantes para que España sea uno de los países con menor inflación de la UE”. Por ello, espera que los socialistas “reconsideren su posición y se avengan a adoptar cuanto antes medidas para aliviar la situación de los hogares, especialmente de aquellos con rentas bajas, que son los que destinan una mayor parte de su renta a la alimentación”.
Objetivos de la ONU
En 2015, la ONU anunció su programa de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, un “plan compartido para la paz y la prosperidad de las personas y del planeta, ahora y en el futuro”. El Objetivo 2 es conseguir “hambre cero”, el cual pretende “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible”. Para ello, la ONU señala que es urgente un sistema alimentario más resiliente, que deje de ser uno de los principales contribuyentes al cambio climático, y sea parte de la solución.
El objetivo de hambre cero para 2030 queda en entredicho con el actual aumento de la tasa de hambruna. La FAO cifra que entre 720 y 811 millones de personas de todo el mundo padecen hambre, 161 millones más que en 2019. Por ello Greenpeace Internacional encargó una investigación donde se han analizado las mayores empresas mundiales de cada uno de los cuatro sectores agroalimentarios. Según la organización, este documento “demuestra el fracaso sistémico de las políticas públicas, las cuales han permitido que un selecto grupo de empresas multinacionales obtengan enormes beneficios, enriqueciendo a propietarios y transfiriendo riqueza al accionariado, la mayoría de los cuales se encuentran en el norte global”.
Fuente: El Salto
