El FMI exige un mayor ajuste y recrudece la persecución a los movimientos sociales

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A dos días de su asunción como nueva ministra de Economía, Silvina Batakis mantuvo un diálogo con el FMI y con su directora, Kristalina Georgieva, quien dijo a la Agencia Reuters que la funcionaria argentina “se comprometió con los objetivos del programa y se comprometió a trabajar constructivamente con el Fondo para lograr estos objetivos”. En referencia al ataque sobre las condiciones de vida de las mayorías populares que implica seguir bajo el cogobierno con el FMI y sus pedidos de ajuste, señaló sin eufemismos que son necesarias «acciones dolorosas» para cosechar supuestos «beneficios». “Necesitamos tener claro que las acciones dolorosas a veces son necesarias para cosechar los beneficios de estas acciones”, fueron sus palabras según Reuters. El compromiso de Batakis con el FMI con los objetivos del programa económico, hecho con el Fondo, ya había sido confirmado por la propia ministra durante su asunción, cuando señaló que seguirá el rumbo actual de la política económica y que cree en el «equilibrio fiscal». Por Mario Hernandez.

En los últimos días se confirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene planteando una serie de medidas económicas para nuestro país, en el marco de las revisiones trimestrales que impone el acuerdo de refinanciamiento de deuda alcanzado por el oficialismo, que incluyen una reducción del gasto en jubilaciones, más control a las importaciones y un nuevo ajuste en las tarifas de energía.

Con el objetivo de llegar a la meta anual del 2,5% de déficit primario, el Gobierno busca seguir incrementando la recaudación y tomó el compromiso de implementar medidas para compensar el gasto en subsidios a la energía y la asistencia social. Las proyecciones oficiales anticipan que durante el primer semestre el gasto real pasará de 12,8% anual mientras que en la segunda mitad del año se apuesta a un 7,8% del PBI.

El peso de las jubilaciones en relación con el Producto Bruto se viene reduciendo con la aplicación de la nueva fórmula de movilidad. Según el FMI “se deben evitar los ajustes discrecionales a las pensiones” (un cuestionamiento al proyecto de moratoria jubilatoria que impulsa el gobierno y comenzar a preparar “opciones de reforma” del sistema jubilatorio para ser presentadas a fin de año.

En cuanto a las jubilaciones, antes de las reformas más de fondo, el Gobierno anticipa una reducción del 8,5% previsto para 2022 a un 8,1% del PBI, mientras que el gasto de capital pasaría de 2,2 a 1,8% y bienes y servicios de 0,7 al 0,6%. Según las proyecciones del Gobierno, estos recortes permitirían aumentar la asistencia social del 3,2 al 3,5% del PBI y los subsidios energéticos del 2,2 al 2,6% del PBI.

Sin embargo, desde el FMI plantean la necesidad de reducir los subsidios energéticos por el impacto que están teniendo sobre las reservas nacionales por la necesidad de importar algunos combustibles como gas o gasoil.

El gobernador Morales muestra el camino
En la mañana del miércoles, la policía de Jujuy allanó locales del FOL, MTR 12 de abril, FPDS, Movimiento Evita y MTE, entre otras organizaciones sociales. Desde el Frente de Organizaciones en Lucha expresaron: “Esta es una clara persecución política en el marco del terrible ajuste que se viene llevando adelante en la provincia y en todo el país. En nuestros espacios tenemos nuestras herramientas y productivos de trabajo, brindamos clases de apoyo a los niñxs del barrio, talleres de oficios, deportivos y artísticos, un comedor que atiende a 150 familias pobres de Jujuy”.

La orden para los allanamientos fue dictada por el fiscal Diego Ignacio Funes, bajo una causa calificada como “asociación ilícita y extorsión”. Allí se solicita el “secuestro” de teléfonos celulares de uso o propiedad de los imputados, elementos de almacenamiento de datos como notebooks, pen drives, etc.; y se exige además la requisa de las “personas imputadas”.

En tanto, desde la organización social MP Nuestramérica Jujuy señalaron: “En estos momentos la policía de la provincia de Jujuy allana la casa de nuestro compañero y referente Gonzalo Maurin. El Gobierno de Gerardo Morales junto a su fuerza represiva busca intimidarnos y criminalizar las distintas luchas que venimos llevando adelante. Esta es una clara persecución política contra aquellos que levantan la voz en contra del ajuste, el hambre y la pobreza”.

Tras los allanamientos a locales de las organizaciones sociales por parte de la justicia y la policía de Gerardo Morales, desde distintos frentes sociales, sindicatos y la Izquierda convocaron a una marcha en repudio. Hubo movilización desde distintos puntos de la ciudad capital para confluir en la plaza Belgrano con un acto unificado.

Esta avanzada criminalizadora contra las organizaciones de desocupados y trabajadores pobres, se basa en acusaciones brutales, como actuar “bajo un esquema de organización delictiva (asociación ilícita), con una división de roles dentro de la misma banda y dividiéndose las tareas relacionadas con la empresa delictiva”.

Esta figura penal la aplican a organizaciones sociales con años de trayectoria, ampliamente reconocidas. Una auténtica criminalización de la pobreza, donde la solución al hambre y la pobreza que generan las políticas de sus gobiernos, las pretenden solucionar acallando a toda voz opositora.

La convocatoria partió del FOL, UTEP, Coordinadora por el Cambio Social, SEOM Jujuy, Coordinadora de Organizaciones Populares de Jujuy, MST, IS y el PTS en el Frente de Izquierda entre otras organizaciones que se fueron sumando al llamado para terminar en un acto unitario en plaza Belgrano.

Durante la misma jornada movilizaron trabajadores/as de la salud y sindicatos como APUAP y ATSA, como parte de una jornada provincial de lucha por salario y contra el techo paritario del 18% que pretende imponer el Gobierno de Morales.

Movilización y conferencia de prensa en CABA
En la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones sociales marcharon hacia el Congreso de la Nación para sumarse al reclamo en contra de la persecución que sufre el movimiento y para que se intervenga el Poder Judicial jujeño. También exigieron la libertad de Milagro Sala, que se encuentra detenida desde 2016.

Criticaron que además de “acusar a los compañeros” mediante las distintas ejecuciones judiciales, “están criminalizando la protesta de muchos aquellos que están constantemente en la calle, los cuales han dado una alternativa en la época de pandemia cuando el gobierno provincial no se hizo cargo”.

Las organizaciones sociales se juntaron en el Congreso nacional para repudiar la campaña de deslegitimación de la que vienen siendo objeto, una campaña que está en plena escalada judicial: entre el martes y el miércoles tuvieron más de 40 allanamientos a comedores populares y viviendas de militantes barriales, entre la provincia de Jujuy -donde la policía del gobernador Gerardo Morales entró a los merenderos pateando puertas-, CABA y la provincia de Buenos Aires -donde se hicieron escuchas en tiempo real sobre los militantes, es decir, que los agentes iban informando sobre lo que hablaban en el mismo momento, como si se tratara de narcotraficantes o terroristas.

En una conferencia de prensa la UTEP, la Unidad Piquetera y la Tupac plantearon que van a responder la ofensiva en unidad. Más allá de sus diferencias políticas, coinciden que lo sucedido apunta contra la organización de los sectores populares.

En la rueda de prensa informaron que en las últimas semanas además los vendedores ambulantes de Once fueron allanados –también ven una acción coordinada entre sectores judiciales y de los medios hegemónicos–, y sumaron a la secuencia la judicialización del Polo Obrero, la citación judicial a un referente del Movimiento Evita en Las Toscas, Santa Fe, y la reactivación de una causa en Chubut contra varias organizaciones. “Exigimos el cese de la criminalización y las maniobras intimidatorias”, señalaron en un documento en el que reclamaron “la inmediata libertad de Milagro Sala”.

El elemento común de la mayoría de estas causas judiciales es la acusación a las organizaciones de cobrar a sus integrantes un aporte en contra de su voluntad, quitarles parte del plan o llevarlos por la fuerza a las marchas. Las figuras penales van de la extorsión a la asociación ilícita.

La situación había sido denunciada en una conferencia de prensa de la Unidad Piquetera, que reúne a los movimientos de la izquierda. Luego los dirigentes de la Unidad Piquetera fueron al Congreso para ser parte de la rueda convocada allí por el diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa e integrante de la UTEP.

“Las organizaciones sociales estamos sufriendo una acción coordinada de la justicia macrista, de la justicia que está al servicio de los poderosos del país. El macrismo ha dicho con claridad que necesita 90 días para aplicar todo lo que quiere aplicar. Vienen para dar un golpe institucional, y vienen para terminar con todas las organizaciones sociales, quieren hacernos desaparecer. La clase dominante no va a entender nunca cómo funcionamos las organizaciones sociales, que nacimos cuando el Estado nos dejó abandonados y los gremios a los que pertenecíamos también. Los trabajadores desocupados en los barrios logramos organizarnos en los barrios y eso es lo que les molesta, que hayamos podido organizarnos y hagamos política“, sostuvo Alderete.

Marianella Navarro, del FOL, agregó: “Queremos dejar en claro que nuestra voluntad es la unidad en la diversidad, y que vamos a defender todo lo conquistado, pero también dar un mensaje a los representantes de la clase política, porque este proceso de judicialización no sale de la nada, se da en el marco de las declaraciones de la derecha más conservadora, como Javier Milei y Patricia Bullrich, de la prensa hegemónica, pero también de la vicepresidenta de la Nación que ha hecho duras críticas a los movimientos sociales”.

Alejandro “Coco” Garfagnini dijo que los allanamientos le recordaban al 2016, cuando fue encarcelada Milagro Sala. “Se está construyendo un relato donde a las víctimas del modelo se las muestra como culpables. Hubo 40 allanamientos: esto tiene una gravedad democrática pocas veces vista. La política tiene que reaccionar porque hoy vienen por los movimientos sociales, pero después van a ir por la política; y después viene el cementerio”.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, apuntó que “los jueces están desesperados por ponernos en el banquillo de los acusados”, y Silvia Saravia añadió que “el problema no viene sólo de parte de Milei, Horacio Rodríguez Larreta y Bullrich, sino de cómo se viene preparando el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para enfrentar al conflicto social”.

Otros de los presentes fueron Esteban “Gringo” Castro, (titular de la UTEP), Gildo Onorato (Movimiento Evita), Norma Morales (Barrios de Pie), Dina Sánchez (Frente Darío Santillán), Lito Borello (Comedor Los Pibes), Eduardo Montes (Fetraes), Gastón Harispe (Octubres) y Luis D’Elía (FTV).

Diputados hubo pocos: los que provienen de las organizaciones populares y los del Frente de Izquierda, como Leonardo Grosso, Myriam Bregman, Natalia Zaracho, Federico Faggioli, Verónica Caliva, Natalia Souto y Romina Del Plá. Se sumaron también dirigentes gremiales como Hugo Godoy (CTA Autónoma), Agustín Lecchi (SiPreBA) y el ceramista Raúl Godoy, el  Centro de Estudios Legales y Sociales y autoridades de la Universidad de Avellaneda.

Como gesto de unidad contra la represión, el Gringo Castro, titular de la UTEP, anunció que irán a la marcha de la Unidad Piquetera a la Plaza de Mayo, el jueves próximo. Para ese mismo día, la UTEP prepara una muestra de la Economía popular en el Congreso. “Voy a ir a la marcha, y quiero invitar a los compañeros de la Unidad Piquetera a que vengan a nuestra muestra”, propuso. Así quedó acordado. Alderete cerró con la propuesta de un acto de todos los movimientos presentes.

Allanan domicilios de dirigentes de la CCC
El martes 5 de julio la jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de 12 domicilios de dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en el Conurbano bonaerense y el comedor «Primero los Niños», en el barrio porteño de Saavedra. «Se trata de una causa armada durante el gobierno de Macri en 2019 que ha sido reactivada por ese juzgado. Es parte de una acción coordinada a nivel nacional, en el mismo tono que la causa armada contra nuestro compañero Marcelo Barab en Comodoro Rivadavia y otras», denuncia el movimiento.

«Esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional, con hechos intimidatorios y persecutorios a movimientos sociales en distintas provincias», coincidió la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). El allanamiento sintoniza con las causas iniciadas contra dirigentes del Polo Obrero y el allanamiento de locales en Jujuy que sufrieron el miércoles 6 el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTR 12 de abril, el FPDS, el Movimiento Evita y el MTE en el marco de un clima creciente de estigmatización mediática y criminalización de los movimientos sociales a nivel nacional, tras las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández.

En la misma línea, la organización agrega: «El uso político que se hace de la justicia queda en evidencia cuando justamente una de las compañeras allanadas, Julia Rosales, fue víctima de un intento de asesinato en agosto de 2017 recibiendo heridas de balas, hecho que nunca fue investigado a fondo y fue ‘cajoneado’ por la justicia macrista. Este ataque se da en momentos que las organizaciones sociales hemos sido puestos en el blanco por los sectores reaccionarios de la derecha macrista, que a través de los sectores de la justicia y los medios de información buscan dividir la lucha popular y aislar a los movimientos sociales para crear las condiciones para volver al gobierno con su política antipopular y de entrega nacional», remarcaron.
Y suman: «con la misma fuerza que nos unimos en la lucha contra el hambre macrista conquistando la Ley de Emergencia Social, que estuvimos en la primera línea en la lucha contra la pandemia garantizando miles de comedores populares en todo el país, que peleamos por Tierra Techo y Trabajo para todos los que habitan nuestro suelo, seguiremos peleando la unidad de los movimientos sociales y de todo el campo popular», finaliza el comunicado de la CCC.

«Los allanamientos tienen intencionalidad política»
En tanto, Juan Carlos Alderete, diputado nacional por el Partido de los Trabajadores y el Pueblo (PTP) en el Frente de Todos (FdT) y dirigente de la CCC, repudió «enérgicamente esta persecución judicial» en sus redes sociales.

Si bien al comienzo del martes los allanamientos de vivienda de dirigentes fueron cinco, con el correr de las horas comenzaron a multiplicarse, hasta llegar a 12 viviendas allanadas, según confirmó Alderete. «Algunos jueces, aprovechando el momento político reactivaron estas causas. Están avanzando contra las organizaciones. Vamos a analizar cómo respondemos a esto que es una provocación enorme”.

El diputado del PTP también explicó detalles de la causa iniciada durante el macrismo contra dirigentes de la CCC: «en el año 2019 algunos compañeros se fueron de la organización y presentaron una denuncia. Los proyectos, en esos años, para hacer cursos de capacitación tenías que alquilar un local, tener mesas, sillas, mínimamente una computadora. Lógicamente, entre los compañeros tenían que hacer una colecta y que cada uno colabore para solventar ese proyecto y poder cumplir los requerimientos. A partir de eso, algunos compañeros y compañeras que se fueron presentaron una denuncia de que les sacábamos plata».

«Los allanamientos tienen intencionalidad política, hay un malestar tremendo. En estos momentos continúan los procedimientos y los compañeros casi se llegan a enfrentar en La Matanza con la Policía Federal, defendiendo a las compañeras que son muy queridas en el lugar. Nosotros estamos calmando las aguas porque lo que se quiere es que se desmadre la situación social», remarcó Alderete, quien también informó que en los operativos se les solicitó a los dirigentes sociales las planillas de altas y bajas en los programas sociales, algo que sólo maneja el ministerio de Desarrollo, dado que las organizaciones únicamente toman lista de la asistencia.

Por su parte, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), de la que la CCC es parte, repudió también los allanamientos y coincidió con la organización: «esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional, con hechos intimidatorios y persecutorios a los movimientos sociales en distintas provincias del país. Con la misma fuerza que nos unimos en la lucha contra el hambre macrista conquistando la Ley de Emergencia Social y estuvimos en la primera línea de lucha contra la pandemia, seguiremos peleando en unidad por Tierra, Techo y Trabajo».

Una escalada de estigmatización, criminalización, allanamientos y causas cuyo puntapié dio Cristina Fernández
El allanamiento de viviendas y un comedor de la CCC no es un hecho aislado y sintoniza con otros hechos de persecución y avanzada criminalizadora contra los movimientos sociales en todo el país, en el marco de un clima de creciente de estigmatización mediática y deslegitimación hacia las organizaciones sociales por su rol organizador y por el manejo de los planes sociales, desatado tras las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández, en el marco de la interna dentro del FdT que mantiene con el presidente Alberto Fernández, y en medio de una agudización de la crisis socio-económica, la inflación y la pérdida del valor del peso.

Como muestra de esta avanzada podemos encontrar a Guillermo Marijuan, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, quien denunció al legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano, y al dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de «amenaza» y «extorsión».

Imagen conferencia en Congreso: Canal Abierto

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