El gobierno de Mendoza autorizó el fracking

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Lo hizo a través de un decreto que permite la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en la provincia. Rechazo de asamblea ambientalistas.

El decreto número 248, que lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo, determina que la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial estará a cargo de autorizar y seguir estos procedimientos.

Las organizaciones socioambientales de la provincia vienen rechazando utilización de fracking, a la vez que denuncian las faltas de controles y estudios sobre los impactos ambientales que producirán este tipo de explotaciones en el sur provincial.

En diálogo con La Izquierda Diario, la abogada e integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, Julieta Lavarello, expresó: “Una cuestión muy grave es el hecho de que el gobernador ha desoído a la sociedad desde el primer momento porque autorizó una primera explotación en Malargüe sin ponerlo en conocimiento de la opinión pública. Luego, el 28 de diciembre de 2017 en el salón Thesaurus de la ciudad de Malargüe se arbitró una audiencia pública que terminó siendo un circo porque fue una instancia en la cual, los que se manifestaron a favor estaban a favor de llevar adelante la fractura hidráulica por una cuestión meramente económica, laboral, de generar puestos de trabajo sin ser conscientes ni dar argumentos entorno a lo ambiental, al cuidado de la naturaleza y sin plantear ninguna exigencia para controlar la actividad. Por otro lado, la audiencia fue un circo porque se hicieron muchísimas preguntas a la Secretaría de Ambiente que es la futura autoridad de aplicación de la actividad y de éstas sólo cuatro fueron contestadas y otras cuatro las contestó con evasivas. El resto fue evadido. Esto significó que las pocas modificaciones que se le hicieron al decreto no fueron modificaciones relevantes. Los reclamos y planteamientos que nosotros hicimos no se tuvieron en cuenta”.

Lavarello afirmó que el gobierno está atentando contra la Constitución provincial y nacional, también contra leyes nacionales y provinciales de protección del ambiente: “Por ejemplo, el articulo número 7 del decreto prevé que la autoridad de aplicación solicite autorización al departamento general de irrigación para el uso de aguas superficiales para un proyecto concreto, siendo que el artículo 194 de la constitución provincial establece que el permiso de uso de aguas superficiales lo otorga la legislatura provincial por ley. Esto significa que el decreto en ese punto es inconstitucional. Otro ejemplo es que prevé aprobar ciertos aspectos de la declaración de impacto ambiental con una simple declaración jurada emitida por la misma empresa que solicita aprobación para realizar el emprendimiento. Eso no es un control, es confiar en el empresario. Éste va a declarar que está realizando las cosas con un estricto cumplimiento de todas las leyes de protección del ambiente y nadie va a corroborar que esto es así”.

Respecto a la actividad del fracking, Lavarello explicó que “está dentro de la lógica del modelo de saqueo y contaminación, busca beneficiar a unas pocas empresas a costa del prejuicio de los territorios de quienes habitan, en este caso, en Mendoza. Es una actividad que no puede ser controlada porque en sí es altamente contaminante y no depende ni de los estudios de impacto ambiental ni de ningún control ni mayores condiciones a quienes lo implementen porque igualmente va a causar daños irreversibles al ambiente y, económicamente, no lleva a ningún beneficio económico".

La asambleísta de todos modos remarcó que los movimientos ambientalistas han logrado que varios departamentos de Mendoza hayan sido declarados libre de fracking, como son los casos de San Carlos, Tupungato, Tunuyan, Lujan y Alvear.

Tras la publicación de este decreto, los ambientalistas continuarán concientizando a la población sobre las consecuencias de esta práctica y mantendrán su pelea contra los intentos del gobierno de Cornejo de avanzar con estos proyectos.

Fuente: La Izquierda Diario

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