Vanessa debe volver junto a sus hijos
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- Categoría: DDHH
- Publicado: Miércoles 22 de Mayo de 2019
Vanessa Gómez Cueva, madre peruana de tres hijos radicada en la Argentina, fue expulsada del país hace tres meses. Su abogado, junto a Amnistía Internacional, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Vanessa es madre soltera. En 2014, terminó de cumplir una condena por comercio de estupefacientes y, tras recuperar su libertad, trabajó y se graduó como Técnica Superior en Enfermería. Rearmó su vida alrededor de la crianza de sus hijos y de su trabajo como cuidadora de pacientes adultos mayores. Pese a ello, por el solo hecho de contar con antecedentes penales, el 1 de febrero de 2019, fue detenida y finalmente expulsada del país.
“Vanessa vive en una habitación que le prestaron y atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad. Le angustia mucho la distancia con sus otros dos hijos quienes no entienden por qué se fue”, comentó el abogado de Vanessa, Juan Martín Villanueva.
Mariana Marques, de Amnistía Internacional, advirtió que el caso de Vanessa se enmarca en una política migratoria regresiva. “Habiendo sido Argentina un país reconocido por organismos internacionales como modelo a seguir en materia de políticas migratorias, resulta sumamente preocupante el retroceso que representan las reformas normativas y las estrategias discursivas que está impulsando el Estado y que dan lugar a casos como el de Vanessa”.
Diego Morales del CELS también se refirió al contexto normativo y la situación migratoria en la Argentina. “En enero 2017, el Poder Ejecutivo reformó la Ley Nacional de Migraciones a través del DNU 70/17. Este Decreto modificó los plazos que tienen las personas migrantes para discutir con la autoridad migratoria una decisión de expulsión (tres días) y un cambio en el valor puesto sobre el antecedente penal. Hoy, una persona extranjera que es detenida por cualquier delito ya no puede residir en Argentina, sin importar si tiene una condena, procesamiento o elevación a juicio”, aclaró Morales.
Por último, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, María Noel Leoni enfatizó que “el Estado argentino falló al impulsar una política migratoria que favorece la violación de derechos humanos, al recurrir al engaño y la coacción en una expulsión que en nada cumplió con garantías de protección”.
En la petición ante la CIDH, las organizaciones solicitan que se levante la prohibición de reingreso, se revoque la orden de expulsión, se garantice el urgente retorno de Vanessa Gómez Cueva y su hijo menor al país.
Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales
