Por el retiro de la Guarnición Militar Buenos Aires de Campo de Mayo

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La Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeras y Compañeros de Campo de Mayo difundió un comunicado, que compartimos a continuación, para exigir que se retire de Campo de Mayo la Guarnición Militar Buenos Aires para que se lleve a cabo la postergada investigación de todo el predio afectado, que funcionó como centro clandestino de detención tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar. También exigen que se juzgue a “los empresarios ideólogos, que se asociaron a los militares, planificaron, financiaron y se beneficiaron económicamente con una deuda externa impagable para el pueblo argentino”.

Reproducimos comunicado:
NUESTRA LUCHA POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. ES LA LUCHA POR UNA PATRIA IGUALITARIA

Varios son los objetivos que nos planteamos y por los que actuamos desde la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeras y Compañeros de Campo de Mayo. Entre ellos podemos destacar:
_La creación de los Espacios de la Memoria en Campo de Mayo, de acuerdo a lo que la ley dispone.
_La apertura de todos los archivos de la represión durante 1974-1983 y la continuidad de las investigaciones que permitan, de una vez por todas, conocer el destino de la totalidad de nuestros/as compañeros/as desaparecidos/as y de los bebés apropiados/as.
_La continuidad y unificación de los juicios en una megacausa que juzgue a la totalidad de los involucrados civiles, militares y eclesiásticos.
_La transmisión, a las nuevas generaciones, de la memoria histórica de todos los hechos que realmente ocurrieron durante el terrorismo de Estado.
_La lucha para que se garanticen los derechos humanos políticos y sociales a todos los habitantes de nuestro país, sean argentinos o extranjeros.

Además, en este momento, hay dos objetivos que consideramos de suma importancia lograr, e invitamos a refrendar dichos objetivos a todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos que luchan por Memoria, Verdad y Justicia.

A saber:
1 – Que se retire de Campo de Mayo la Guarnición Militar Buenos Aires para que se lleve a cabo la postergada investigación de todo el predio afectado y que la justicia aún no puede realizar por estar ocupado con actividades militares.
Desde 1985, en ocasión del juicio a las juntas militares, existen testimonios de sobrevivientes que acreditan que, en Campo de Mayo, funcionaron cuatro campos de concentración: El Campito, Las Casitas, La Cárcel de Encausados y el Hospital Militar, en el cual funcionaba una maternidad clandestina para robar los bebés a las prisioneras políticas. Esos testimonios de sobrevivientes también acreditaron que hubo enterramientos en fosas comunes. En la actualidad, y a más de 40 años de estos crímenes, solamente se ha investigado una mínima porción del territorio que ocupa toda la guarnición. Curiosamente, en 38 años de democracia, el poder civil no pudo, no supo o no quiso ordenar el desalojo del predio y la construcción de esa guarnición en otro lugar de nuestro enorme país. El acceso al predio siempre estuvo obstaculizado por la renuencia del ejército a cumplir las órdenes judiciales.

2 – Que se juzgue a los empresarios ideólogos, que se asociaron a los militares, planificaron, financiaron y se beneficiaron económicamente con una deuda externa impagable para el pueblo argentino. Por ello, apoyamos la creación, en 2019, de la Unidad Especial de Investigación sobre la Responsabilidad Empresarial durante el genocidio.
Decimos claramente que, si no se juzga a todos los empresarios que participaron activamente del genocidio, la democracia siempre estará en peligro y la posibilidad de un nuevo genocidio seguirá latente. Como consecuencia de la impunidad de estos empresarios, sufrimos corridas cambiarias, desabastecimiento, violación de leyes laborales, fuga de capitales, evasión de impuestos, entre otros, sin mencionar la impunidad histórica de la que gozan por la complicidad de una parte del aparato judicial que los protege.

Algunos antecedentes históricos.
Campo de Mayo fue el centro neurálgico y doctrinario desde donde se parieron todos los golpes de Estado del siglo xx. Nos preguntamos ¿cuál es la hipótesis de conflicto para mantener una guarnición militar en el centro de la región más poblada del país?

Ubicado a menos de 40 km del centro del poder político, representa una constante amenaza para las aspiraciones democráticas de la población. ¿Tenemos derecho a pensar que es la continuación de la doctrina de la seguridad nacional la que necesita tener guarniciones dentro del predio urbano? ¿Las necesita para controlar la sociedad y para una intervención rápida en caso de estar nuevamente en juego las aspiraciones de maximizar sus ganancias por parte de los capitalistas? Mientras exista esa guarnición militar en ese lugar, la democracia estará en peligro. Por eso exigimos el retiro del ejército y de todas las fuerzas de seguridad de Campo de Mayo.

Las cúpulas del Ejército Argentino actuaron siempre en sintonía con la oligarquía terrateniente y respondieron a los mandatos de las empresas multinacionales. Su hipótesis es la del enemigo interno, es decir, nosotros, los/as trabajadores/as que nos opusimos, nos oponemos y nos opondremos siempre a sus planes de hambre y de miseria.

Después de la asunción del Presidente Héctor J. Cámpora en mayo de 1973, la guarnición militar de Campo de Mayo fue elegida por los jefes del Ejército Argentino como la cabeza y dirección represiva de lo que sufrió el pueblo argentino durante el período 1974-1983. En ese lapso, dirigidos por la Central de Inteligencia Americana (CIA), se reunían allí los jefes militares del Cono Sur Latinoamericano de Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Chile y Argentina (conocido como Plan Cóndor). Los partícipes ideológicos fueron los gerentes de las empresas multinacionales.

Todos se reunían una vez por mes en Campo de Mayo para abordar el problema que les representaba la gran lucha clasista obrera en desarrollo durante esos años. Fue así que planificaron y financiaron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, a pesar de los “límites” que la democracia les imponía para el logro de sus objetivos. Contaron con un gobierno que firmó el decreto de aniquilamiento de la guerrilla, con políticos opositores que reclamaban abiertamente el exterminio de la guerrilla fabril, y con un aparato paraestatal llamado Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que perseguía y asesinaba a los luchadores.

Años antes del golpe militar, el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino, con asiento en Campo de Mayo, había infiltrado las fábricas, y vigilaba e informaba sobre las actividades que realizaban los integrantes de las comisiones internas y los luchadores más radicalizados, tanto adentro como afuera de sus lugares de trabajo. Está claro que la cantidad de secuestros producidos inmediatamente después del derrocamiento del gobierno de la Presidenta M.E. M. de Perón en 1976 no pudo llevarse a cabo sin la participación de estos empresarios. Por medio de sus gerentes y directores, empresas como Mercedes Benz, Dálmine Siderca, Astarsa, Acindar, Ford, Ledesma, Fiat y otras, entregaron listas de sus trabajadores: los más combativos que conformaban las listas antiburocráticas, que seguían la línea del Cordobazo, fueron secuestrados y exterminados en El Campito, el más feroz de los centros clandestinos de Campo de Mayo: solo 73 sobrevivientes de un total de unos 7.000 desaparecidos. La tasa de sobrevivencia en este centro es menor incluso a la del peor campo de concentración nazi en Auschwitz.

El golpe de Estado buscó imponer, a sangre y fuego, un modelo agroexportador y de capitalismo financiero asociado a las multinacionales en contra de la industria nacional, al que los/las trabajadores/as con conciencia de clase se oponían.

Muchas de las pruebas que tenemos sobre la responsabilidad empresarial en el genocidio contra la clase obrera fueron entregadas hace tiempo a la Justicia. Sabemos también que existen más pruebas de las que conocemos y, por eso, pedimos la apertura de los archivos. Actualmente la instrucción de la causa sobre Campo de Mayo está en el Juzgado Federal n° 2 de San Martín. Para que la causa avance, pedimos que el Estado democrático, a través de la fiscalía y la Secretaría de DDHH de la Nación, solicite que se llame a indagatoria a los responsables de las empresas Mercedes Benz, Ford, Fiat, Ledesma, Acindar y Dálmine Siderca que, si bien no son las únicas, son las empresas con más pruebas en su contra por su participación en la desaparición de sus trabajadores.

PORQUE PARA NOSOTRAS Y NOSOTROS SE TRATA, EN DEFINITIVA, DE IMPEDIR QUE SE REITERE LA TAMAÑA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS CON TERRORISMO DE ESTADO. A PESAR DE LOS LOGROS OBTENIDOS EN MATERIA JUDICIAL A PARTIR DE 2009 -CUANDO SE INICIARON LOS JUICIOS CONTRA LOS GENOCIDAS DE CAMPO DE MAYO- LA VIOLACIÓN DE ESOS DERECHOS NO TERMINA DE SER REPARADA.

FUERA EL EJÉRCITO Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE CAMPO DE MAYO.
JUICIO Y CASTIGO A LOS EMPRESARIOS GENOCIDAS.
¡COMPAÑERXS DETENIDXS EN CAMPO DE MAYO PRESENTES!
¡30.000 COMPAÑERXS DETENIDXS DESAPARECIDXS PRESENTES!

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Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeras y Compañeros de Campo de Mayo.
Iris Pereyra de Avellaneda, Presidenta. Sobreviviente de El Campito, mamá de El Negrito Avellaneda, Vicepresidenta de la LADH (Liga Argentina por los Derechos Humanos), miembra del Partido Comunista.
Oscar Bladimir Comba, Vicepresidente. Sobreviviente de El Campito, Tesorero de la Biblioteca Popular Julieta Lanteri.
Karina Fuentes, Secretaria. Sobrina de Juan José Mosquera, desaparecido en Campo de Mayo.
Gabriel Corvalán, primer Vocal. Hijo de desaparecidos en Campo de Mayo.
Alfredo Oscar Castro, Revisor de Cuentas Titular. Sobreviviente de El Campito, docente UBA, jubilado.
Roberto Landaburu, Revisor de Cuentas Titular. Tío que busca sobrina o sobrino.
Guillermo López, socio. Sobreviviente de Las Casitas, integrante de Cultura Indígena. PRT-ERP.
Griselda Fernández, socia. Sobreviviente de El Campito, Campo de Mayo, integrante de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Uruguay.
Marta Fabián, socia. Secretaria de Derechos Humanos de MILES FTV CABA.
Laura Lagar, socia. Integrante de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de San Martín.
Alfredo More, socio. Ex preso político, referente de Tigre del partido Nuevo Encuentro provincia.
Nicolás Arrúe, socio. Hijo de Horacio Arrúe, desaparecido en Campo de Mayo, integrante de FEMOBA.
Ana María Tapia, socia.
Porfirio Nazario López Benavides, socio. Presidente de la Biblioteca Popular Julieta Lanteri.
Ayelén Villarreal, socia. Docente, integrante de Moreno por la Memoria.
Juan Quintana, socio. Integrante de Asamblea de Tortuguitas.
Daniel Sambrana, socio. Integrante de FM Tinkunaco, Radio Comunitaria.
Silvia Burgos, socia.
Magdalena Nora Leguizamón, socia. Comerciante.
Alejandro Avots, socio. Comerciante.
Lautaro Masri, socio. Sobrino de Mónica Susana Masri y Claudio Maria Roggerone. Detenidos-Desaparecidos de El Campito. Miembro de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward W. Said, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
Iván Sosa, socio. Miembro del Partido Comunista, Malvinas Argentinas.
Evita Morales, socia. Presidenta de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Gral. San Martín.
Michelle Nicole Guarino, socia. Federación Juvenil Comunista de Malvinas Argentinas.
Carlos Alberto Bordagaray, socio. Jubilado.
Aldo Getino, socio. Documentalista.
Jorge Luis Piñeyro, socio. Jubilado.
José Osvaldo Martínez, socio. Ex dirigente y trabajador de Ford Motors Argentina.

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