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Antena Negra y otro caso de censura a la libertad de expresión

El canal comunitario tuvo que entregar sus equipos lo que equivalió a una inmediata salida del aire. El caso se remonta a septiembre del año pasado donde una empresa privada, Prosegur, señaló que el canal ocupaba ilegalmente su porción del espectro. Otra voz silenciada en un contexto de escasa disidencia periodística. Red Eco Alternativo.
(Ramiro Parodi – Red Eco) Buenos Aires - El caso de Antena Negra comenzó el año pasado a raíz de una denuncia por parte de la empresa de seguridad Prosegur que aseguraba que el canal comunitario estaba invadiendo su señal en el espectro. Ese espacio fue cedido inconstitucionalmente a esta empresa privada durante la presidencia de Carlos Menem. A raíz de esta entrega ilícita, el decreto 2456 emitido por el Poder Ejecutivo de la Nación el 15 de diciembre de 2014 ordenó la inmediata liberación de la frecuencia correspondiente a la señal 20 por parte de cualquier servicio que no sea radiodifusión, entregándola al exclusivo uso de Televisión Digital Terrestre Abierta.
La semana pasada Antena Negra volvió a recibir una orden de allanamiento que luego pudo ser detenida. No obstante, el juez Marcelo Martínez de Giorgi instigó al canal comunitario a entregar sus equipos y, en caso de no hacerlo, se sumaría un nuevo delito dentro de la causa que es el de desobediencia. Este delito, más el de interferencia de las comunicaciones, daría la posibilidad a la justicia de pedir la prisión de la persona ya imputada en la causa. Ante esta posibilidad, el colectivo decidió no correr el riesgo de entregar una persona a la cárcel y cedió los equipos.
Cabe recordar que esta es una segunda instancia ya que se trata de una reapertura de la investigación judicial porque el fallo en primera instancia fue a favor de Antena Negra. Ante esto Prosegur apeló y la Cámara de Apelación falló a su favor argumentando que el sobreseimiento (dictado en primera instancia por el juez De Giorgi) fue prematuro. Por tal motivo, la investigación regresa a su punto de partida y en ese marco dictan la orden de allanamiento que luego frenan. En el día de ayer, miércoles 18 de mayo, se realizó la indagatoria por parte de Antena Negra donde el imputado por la causa pudo ampliar su declaración.
Ante esta situación Antena Negra se comunicó con Miguel de Godoy, presidente del Enacom, con el fin de que el ente intervenga en la causa penal y proponer su tratamiento en el plano administrativo. Los trabajadores de Antena se reunieron con Heber Martínez, director del ente, quien les aseguró que nunca habían participado de la causa (no habían mandado técnicos a constatar la interferencia, ni declarado). Sin embargo, se constató que el Enacom envió técnicos a constatarla incluso antes de tener estas reuniones con Antena Negra.
A raíz de la entrega de los equipos, el canal comunitario se vio obligado a salir del aire y hoy solo transmite vía streaming. Leila, trabajadora de Antena Negra, señaló: “es una censura a la libertad de expresión ya que se prioriza la utilización del espectro por parte de Prosegur, una empresa de seguridad privada, por sobre la de Antena Negra TV, un medio de comunicación comunitario. Desde el inicio de la causa, la Justicia decidió siempre sacar del aire a un canal comunitario, teniendo nosotros el derecho de utilizarlo (por el decreto presidencial 2456 en su artículo 2, liberación del canal 20 para TDA) y ellos el beneficio”.
En un contexto de casi nula diversidad en los medios de comunicación masiva, Leila resaltó la importancia que los medios comunitarios tienen en un marco así y sostuvo: “dejar de estar al aire implica apagar nuestra herramienta comunicacional, es decir nuestro medio de lucha, censurando las voces del campo popular que son las que replicamos desde nuestro espacio. Entendemos que es un contexto en que muchas voces están siendo silenciadas, existe un cerco mediático en el que conflictos como el de la judicialización de trabajadorxs en Tierra del Fuego no están siendo comunicados en los medios hegemónicos. Por este motivo es importante que el sector de medios comunitarios, alternativos y populares continúe comunicando”.
Otro caso de límites a la libertad de expresión que no se desarrolla por las vías de la censura directa sino por intermedio de un organismo, el Poder Judicial, que, de modo indirecto, acalla voces y prioriza los negocios por encima del derecho a la comunicación.

 

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