Desde octubre de 2013 la APDH es víctima de una causa armada como estrategia utilizada por parte de la defensa de tres policías procesados por la muerte del joven Gabriel Blanco en marzo de 2007, en una comisaría de Isidro Casanova.

A Pablo Pimentel se lo acusa de “extorsión” por supuestas sugerencias que hiciera a los presos, testigos en la muerte de Gabriel Blanco, para que declarasen en contra de la policía.

La movilización comenzará en la Rotonda de San Justo (Ruta 3 y Camino de Cintura) y finalizará frente a los Tribunales de San Justo (Monseñor Marcon -ex Pichincha- y Varela).

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DOCUMENTO POR EL PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO A LOS Y LAS MILITANTES DE APDH-LA MATANZA

 La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y nuestro compañero y referente Pablo Pimentel, vienen siendo objeto de injurias y calumnias.

En octubre de 2013 la defensa de 3 policías implicados en la investigación por la muerte de Gabriel Blanco en 2007, nos denunciaba por “extorsión”,  argumentando que militantes de derechos humanos le sugerimos a los presos, testigos en la muerte de Gabriel, que declarasen en contra de la policía. A partir de allí, nos acusan de extorsionadores, “chorros”, “corruptos” y demás.

Inmediatamente a ser notificados de la denuncia, solicitamos en la Fiscalía Nº 3 de Laferrere la desestimación de tal mentira, denunciándola públicamente como una causa armada. La Justicia consideró como “prematura” la desestimación.

Este hecho de coacción por parte de los abogados defensores de los policías, y sostenida por la Justicia, es un intento de frenar la labor histórica de la APDH Matanza, que es acompañar a quienes sus derechos les fueron vulnerados. De esta forma, el Poder Judicial se muestra condescendiente con los escraches que venimos padeciendo y promueve la impunidad del accionar ilícito de las fuerzas represivas.

El caso de Gabriel Blanco debe decidirse en la Justicia. Nosotros, como militantes de DDHH, acompañamos desde el comienzo a la familia de Gabriel. Una familia en condición de pobreza que perdió a su hijo en el año 2007 en la comisaría de San Carlos, en la localidad de Isidro Casanova. A los 21 años de edad, Gabriel Blanco, esposo y padre de un niño, fue asesinado y aún al día de hoy, su muerte sigue sin justicia.

No creemos en la versión del suicidio en el calabozo; las distintas pericias dan cuenta de que Gabriel fue brutalmente asesinado a golpes. Le faltaban piezas dentales. Quisieron ocultar los golpes pegando la mortaja al cuerpo, hecho del que se dio cuenta la familia, durante el velorio. Gabriel no se suicidaría por estar 4 horas presos; era un joven que se estaba recuperando, que ya había estado preso, y al momento de su muerte se encontraba trabajando; por ese hecho padeció la agresión de la policía, y por supuesto, ¡por haberse negado a robar para ellos! Sí, 2 años antes de la desaparición y muerte de Luciano Arruga, Gabriel Blanco había padecido lo mismo. Se negó y de allí la detención arbitraria, el “verdugueo” de los efectivos, la incautación de sus pertenencias y la presión por llevarlo nuevamente a delinquir.

No vamos a permitir el agravio a un organismo de más de 30 años de trayectoria, ni a nuestros compañeros, que dedican su tiempo y esfuerzo militante en acompañar casos donde los derechos de una persona fueron vulnerados.

El caso de Gabriel Blanco se encuentra en manos del Poder Judicial y es justamente allí donde se debe determinar quiénes fueron los responsables de su muerte. La APDH no detenta más poder que el poder popular y el poder de las ideas en pos de la verdad y la justicia.

Así como interpelamos a quiénes nos interpelan, cuestionando la “parcialidad” de los derechos humanos, una vez más, decimos, ¡todos estamos amparados por los derechos humanos desde el momento en que venimos a este mundo! Estos derechos no son más ni menos que una herramienta que nuestras sociedades han forjado, al precio de ríos de sangre, con el único fin de defender la dignidad de los ciudadanos frente al abuso de poder de parte de los agentes del Estado. Incluso aquel que cometió delito, sea civil o policía, tendrá derecho a un proceso judicial que determine su inocencia o culpabilidad. El intento de desprestigiar a los derechos humanos y a los organismos que los defienden es la punta de lanza de la estrategia de la corporación política, judicial y policial para avasallar las libertades civiles y los derechos sociales conquistados tras años de lucha democrática por parte de las organizaciones populares.

Los abajo firmantes nos unimos en la defensa de las luchas populares y de los derechos humanos.

Llamamos a todas las organizaciones del campo popular a unirnos en el pedido rotundo de:

¡Justicia por la muerte de Gabriel Blanco!

¡Basta de criminalizar las luchas sociales!

¡Basta de mentiras y de persecución a los organismos de derechos humanos!

¡Basta de violencia institucional y de militarización de nuestros barrios!

Compañeros de APDH-La Matanza
 Buenos Aires, 13 de mayo de 2015.-

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