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Comunidad Wichi Mataco resiste la expansión del Gasoducto Norte

Reclaman que no se afecte más a sus tierras con este tipo de obras y exigen que se avance, en cambio, sobre campos lindantes que están abocados al cultivo de soja.
(Red Eco) Salta - Desde hace más de 30 años la comunidad Misión Wichi Mataco -o Misión Tolaba- está en litigio con la firma León y Chibán por las 1.250 hectáreas que ocupa a la vera de la ruta nacional 34, en General Mosconi.
Esas tierras están atravesadas por el Gasoducto Norte (GN), que desde 1960 se extiende de Campo Durán a Buenos Aires. Esa misma traza, con el correr de los años, fue utilizada para el tendido de otros ductos, que hoy suman nueve -entre gasoductos, oleoductos y un poliducto-; obras para el transporte de hidrocarburos que ocupan una superficie de 300 metros de ancho por 3,2 km de largo. Son 80 hectáreas en las cuales las 200 familias wichi que allí viven no pueden desarrollar ninguna actividad.
El 1 de junio de este año, sin previo aviso, la empresa Víctor M. Contreras entró a la comunidad para realizar obras para la ampliación del tramo Campo Durán-Pichanal del GN. Esto generó demandas judiciales cruzadas y acciones directas de los comuneros en defensa de su territorio. Los wichi reclaman que no se afecte más su lugar con obras de este tipo y en cambio se avance sobre campos lindantes abocados al cultivo de soja.
El incremento de la demanda de gas a nivel nacional y la falta de inversión en el sector generaron, en 2004, la denominada “crisis energética”. Para paliar la situación se buscó aumentar la capacidad de transporte de las redes de gas operadas por Transportadora de Gas del Norte y del Sur (TGN y TGS), lo que hace necesario la instalación de ‘loops’, es decir, tendidos paralelos.
Victorino Lorenzo, cacique de la misión, relató que recibieron “la visita” del Director General de Seguridad de Salta, Néstor Méndez, el máximo jefe de la policía de la provincia, quien les pidió que hablaran con los dueños de la empresa: “Me dijo ´¿Qué es lo que querés?´. Yo seguía insistiendo que la cañería pase por otro lado. Y me dice: ´Bueno, yo necesito que en dos, tres días, me llames para arreglar esto. En primer lugar vos estás arriesgando la vida de un montón de tus hermanos. ¿Qué pasa si hay un hecho grave?´. Y le digo, ´¿Qué nos va a pasar? Si estamos adentro de nuestra casa, no estamos cometiendo ningún acto delictivo. Usted tampoco puede venir a reprimir a la gente, porque yo le voy a hacer una demanda a usted también´. Después vino dos o tres veces (el comisario Fernando) Camacho, que tiene a cargo toda la región esta (Unidad Regional 4), (a pedir) que hablemos bien con los jefes, que viéramos cómo arreglamos, que tenía que tener un fin. Después no volvieron más”.
La comunidad mantiene la vigilia por la resolución a dictar por el Poder Judicial salteño. Por ahora han pasado cuatro meses, donde hubo lugar a donaciones, intimidaciones y una acción directa que implicó la permanencia de decenas de personas, durante más de un mes, para garantizar que no continúen las actividades de la empresa.
Fuente: Observatorio Petrolero Sur
 

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