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Conflictividad y negociación colectiva en el año del retorno a los brazos del FMI

El Informe Anual 2018 sobre conflictividad laboral, mercado de trabajo y negociación colectiva - elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma - describe un mercado de trabajo que no hizo más que sumar malas noticias para los trabajadores y trabajadoras. El fracaso del programa económico del Gobierno nacional y los sucesivos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional tuvieron como consecuencia un empeoramiento de todos los indicadores sociales, incluyendo fuertes caídas en el empleo formal y en el salario real.

 

(Por ODS CTAA) Argentina - El  deterioro de  las  condiciones  de  vida  de  lxs  trabajadores  y  trabajadoras  fue  la  característica distintiva  del  2018.  Incremento  del  desempleo,  mayor  precariedad  de  la  estructura  ocupacional, aumento de la pobreza y la indigencia, y un retroceso de los ingresos reales que fue empeorando con el  transcurso  del año, son  los ejes  que  permiten describir  un  año  que,  en términos  relativos, presentó las peores variaciones de todos los indicadores del mercado de trabajo desde la crisis del régimen de convertibilidad.

La  magnitud  de  este  retroceso  está  directamente  relacionada  con  el  fracaso  del  programa macroeconómico  del  Gobierno  Nacional,  cuyos  hitos  salientes  fueron  las  sucesivas  corridas cambiarias  y  la  necesidad  de  recurrir  al  Fondo  Monetario  Internacional  como  prestamista de última instancia, ante una situación económica que amenazaba con implosionar.

Si el gradualismo le había permitido al gobierno identificar ganadorxs y perdedorxs de un nuevo modelo económico de manera compatible con incrementar su volumen político y triunfar en las elecciones de medio término  de  2017,  las  tensiones  acumuladas  se  hicieron  evidentes  a  partir  de  abril  de  2018, momento a partir del cual la economía y con ella el mercado de trabajo entraron en un declive que se fue acentuando a lo largo del año.

La  evolución  de  la  inflación  durante  el  2018  permite  ilustrar  la  magnitud  de  este  fracaso  en  los propios  términos  de  los  objetivos  planteados  por  las  autoridades  oficiales.  De  una  meta  inicial prevista  en  el  10% anual,  con  una  banda  que  se  ubicaba  entre  el  8%  y  el  12%,  se  llegó  a  una inflación  del  47,6%.  El  desajuste  de  las  variables  macroeconómicas  se  complementó  con  una fuerte devaluación  del  peso  y  una  caída  de  la  actividad  económica  del 2,5%. 

Para  culminar  de describir un cuadro crítico, el empeoramiento de todos los indicadores se fue incrementando con el transcurso del año, por lo que el punto de partida para el 2019 resulta mucho peor que lo que muestran los datos promedio del año anterior.

Como no podía ser de otra manera, esta crisis impactó de forma muy severa sobre el mercado de trabajo, tanto en materia de  ocupación como de  ingresos. Por un lado, la destrucción de  puestos de  trabajo  en  el  sector  privado  formal  tuvo  como  contracara  un  crecimiento  de  las  formas  más precarias  de  inserción  en  la  estructura  ocupacional  y  un  aumento  del  desempleo;  por  el  otro,  la aceleración de la inflación obligó a las organizaciones sindicales a adoptar una estrategia defensiva para tutelar el valor real de los ingresos de lxs trabajadorxs, modificando en la práctica la dinámica de la negociación salarial, que en el año se caracterizó por un esquema de revisiones periódicas de las  escalas  de  convenio. 

Aquí  es  importante  destacar  que  si  bien  las  negociaciones  colectivas  no impidieron  un  retroceso  del  salario  real, no  menos  cierto  es  que  la  existencia  de  acuerdos  por rama   de   actividad   con   efectos   obligatorios   para   todos   lxs   empleadorxs   y   trabajadorxs comprendidos en su ámbito de actuación fue clave para evitar un retroceso aún mayor.

El estallido de esta crisis también tuvo su impacto en las características de la conflictividad laboral. Luego  de  las  jornadas  de  diciembre  de  2017,  el  primer  trimestre  de  2018  también  fue  testigo  de grandes  movilizaciones.  Sin  embargo,  a  medida  que  la  crisis  económica  se  fue  profundizando  la respuesta del conjunto de lxs trabajadorxs tendió a expresarse de distinta forma.

Por un lado, los conflictos  descentralizados,  tanto  en  el  sector  público  como  en  el  sector  privado,  se  fueron limitando  crecientemente  a  aquellas  situaciones  de  crisis  donde  la  reivindicación  pasaba  por  la defensa de  los puestos de trabajo.

Por el contrario, las demandas corporativas se  concentraron a nivel  sectorial  o,  incluso,  a  través  de  la  articulación  con  organizaciones  de  otros  sectores  de actividad. 

A  su  vez,  la crisis  económica  fue  ampliando  las  condiciones  para  el  crecimiento  de  los conflictos de lxs trabajadorxs del sector informal, que a lo largo del 2018 ocuparon un lugar cada vez más  relevante.

 Finalmente,   estos  cambios  en  el  patrón  de   la  conflictividad  laboral  se combinaron con un marcado crecimiento de protestas sociales vinculadas a cuestiones de género, a las  relaciones  laborales y al  ejercicio  de  derechos  básicos  como  el  de  mujeres y  disidencias a poder  decidir  sobre  el  propio  cuerpo  y  en  particular  por la  legalización  del  aborto. En  estas protestas las trabajadoras y sus organizaciones tuvieron una importancia decisiva. 

Este  cambio  en  la  morfología  de  la  conflictividad  social  constituye  un  dato  saliente  en  un  año caracterizado por una amenaza permanente sobre  la posición de  los trabajadores  y trabajadoras.

En  efecto,  si  bien  las  condiciones  objetivas  invitaban a  refugiarse  en  posturas conservadoras  que tuvieran  como  objetivo  evitar  perder  aún  más,  durante  el  2018  no  asistimos  a un  reflujo  de  los niveles  de  conflictividad,  sino  más  bien  a  un  cambio  en  sus  características que  se  montó  sobre tendencias   que   venían   apreciándose   en   los   años   anteriores. 

Las   más   salientes   fueron   el crecimiento  de  los  conflictos  de lxs  trabajadorxs  del  sector  informal y la  articulación  de  acciones de  protesta  entre  varias  organizaciones  integradas  por  trabajadores  y  trabajadoras  de  sectores diversos. Ello permitió mantener altos niveles de conflictividad a pesar de una marcada retracción en  los  reclamos  a nivel  de  empresa  en  el  sector  privado,  y  a  nivel  provincial  y  municipal  en  el sector público.

Así,  algunas  dimensiones  centrales  para  entender  las  características  que  asumirá  el  sistema  de relaciones  laborales  este  año  serán:  los  cambios  en  la  dinámica  de  la  conflictividad  laboral; la persistencia de un sistema de negociación colectiva centralizado; y la evolución de un mercado de trabajo que en los primeros meses de 2019 está lejos de haber comenzado a revertir el deterioro acumulado  durante  gran  parte  del  2018.

Estos  aspectos  constituyen  el  punto  central  de  este Informe  Anual  2018  del  Observatorio  del  Derecho  Social  de  la  Central  de  Trabajadores  de  la Argentina  (CTA  Autónoma),  cuyo  objetivo  central  apunta  a  enriquecer  los  debates  entre  el  conjunto  de lxs trabajadorxs  y  las  organizaciones  sindicales   en  un  contexto  que   demanda crecientemente formas de organización y acción más potentes.

Informe completo DESCARGAR http://www.agenciacta.org/IMG/pdf/inf_anual_2018.pdf

 

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