Red Eco Alternativo ***

Presentan inédita acción de amparo

Lo hicieron las Comunidades Indígenas Comechingones y Sanavirones de Córdoba para que la Justicia local declare nulo el Proyecto de Ley de Bosques y haga cesar su tratamiento. Es la primera vez en Córdoba que las comunidades indígenas accionan en la justicia invocando los derechos que les otorgan la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Nacional.

Al respecto, Mariela Tulián de la Comunidad Comechingón Sanavirón de San Marcos expresó: "junto a las comunidades Lic Sin y Valacta defendemos el bosque nativo no solo en nombre de nuestros antepasados, sino también para beneficio de todos los habitantes de la provincia (…) . Al despojo histórico de nuestros territorios ancestrales el Proyecto de Ley convalida el despojo de lo poco que queda de ambientes nativos con su biodiversidad, que incluye plantas medicinales tradicionalmente usadas por los pueblos originarios, pero también cementerios indígenas y lugares sagrados".
La acción fue presentada en conjunto con las organizaciones no gubernamentales "Tercera Generación" y FUNAM, Fundación para la defensa del ambiente.
 La acción indica textualmente: "Solicitamos que V.S. declare la nulidad del Proyecto de Ley sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Regulación de Bosques Exóticos de la Provincia de Córdoba (expediente 20811/L/2016). Asimismo, solicitamos a V.S. disponga en forma urgente, como medida cautelar innovativa, la suspensión de todo tratamiento legislativo que pueda derivar en la aprobación del mentado proyecto".
Miembros de las comunidades indígenas Comechingones y Sanavirones coincidieron en sostener que el gobierno de Córdoba y los legisladores, al elaborar el Proyecto de Ley, "violaron todas las normas que resguardan los derechos indígenas y la diversidad biológica, principalmente el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada. El Estado está obligado a cumplir y hacer cumplir el Artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), algo que no hicieron".
En este sentido, Tulian afirmó: "Como pueblos ancestrales hemos vivido en el Monte en equilibrio y armonía, haciendo un uso sustentable de los bienes que provee y protegiéndolo como el mismo Monte nos protege. Éste es cobijo y medicina, alimento y protección".
Natalia Hochea de la Comunidad Lic-Sin de Berrotaran agregó: "Somos seres interrelacionados con esa diversidad biológica, defender cada metro cuadrado de bosque es defender la vida misma".
Por su parte, Franco González de la Comunidad Valacta de La Cumbre expresó: "Nuestro compromiso es con la vida y el futuro. Esta acción de amparo es una herramienta más en nuestra lucha cuerpo a cuerpo a favor del Monte Nativo. Confiamos en que la justicia hará cumplir las leyes y de una vez por todas el Estado escuche y respete los derechos inalienables de las comunidades indígenas de Córdoba".
El abogado de la causa, Federico Macciocchi, indicó: "El proyecto de ley evidencia la violación a los procedimientos que las normas constitucionales e instrumentos internacionales exigían ser cumplimentados de manera previa. Concretamente, las autoridades tienen la obligación de garantizar a las comunidades de pueblos originarios el derecho a ser consultados y a expresar libremente su consentimiento sobre la base de la información, respecto de hechos o decisiones que pudieran afectar sus territorios tradicionales. En este proyecto de ley no se ha dado ningún tipo de participación a las comunidades indígenas, por ello se solicita su nulidad".
Desde la Fundación para la defensa del ambiente, FUNAM, el Dr. Raúl Montenegro ratificó que "el Proyecto de Ley tiene fallas imposibles de reparar porque no hubo proceso participativo". Agregó que el proyecto "disminuye a la mitad la actual superficie protegida de bosques, reduce las multas por desmonte, elimina la pena de prisión para quienes violen la ley y habilita tanto el rolado como el desmonte químico. Viola impunemente la Ley Nacional de Bosques Nativos, la Constitución Nacional y la Convención sobre Derechos Indígenas de la OIT".
Las comunidades indígenas, "Tercera Generación" y FUNAM coincidieron en señalar que la única medida razonable "era el archivo definitivo del Proyecto de Ley y que la Secretaría de Ambiente convocara a un nuevo proceso de elaboración, esta vez participativo y respetuoso de las leyes".
 "Lamentablemente buena parte de los legisladores no escucharon a las 35.000 personas que marcharon el 1 de marzo contra el Proyecto de Ley. En lugar de descartarlo definitivamente insisten en impulsarlo aunque sea ilegal e inconsulto. Por eso acudimos a la Justicia, a la de Córdoba, y acudiremos a todas las instancias judiciales que sea necesario, dentro y fuera del país".
 
Contactos: Mariela Tulián (Comunidad Comechingón Sanavirón Tulián) 03549 154 45824
Federico Macciocchi (Abogado de la causa y Director Ejecutivo de la Fundación "Tercera Generación") 0351 155 140 715
Prof. Dr. Raúl Montenegro (Biólogo (FUNAM, Premio Nóbel Alternativo 2004) 0351 155 125 637 y 03543 422236

Fuente: Fundación Tercera Generación y FUNAM

 

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